En México, cada 12 de julio se festeja el Día del Abogado, que ahora debe ser ya —en aras al respeto del lenguaje de género— el Día de la Abogacía. Se trata de una fecha en la que se organizan desayunos y comidas, los profesionales del derecho se envían regalos entre sí (algunos eventualmente reciben regalos de sus clientes) y abunda el autoelogio gremial al que somos tan entregados.

Pero me parece que debe ser también una fecha propicia para volver a pensar en todo lo que tenemos que hacer mejor y en lo muchísimo que le seguimos debiendo al país.

Por ejemplo, es indispensable e incluso urgente dejar atrás la visión todavía hoy en día predominante de la abogacía vista como un permanente conflicto, como una lucha sin cuartel y como una batalla cotidiana en contra de nuestros adversarios. Esa visión belicista le ha hecho mucho daño al país y en buena medida es la responsable de la mala fama que nos distingue entre los ciudadanos mexicanos.

Tal parece que algunos abogados mexicanos conocen una única solución para todo tipo de problema jurídico sobre el que se les consulte: presentar una demanda, promover todos los recursos previstos por la ley o creados por su imaginación litigiosa, alargar lo más posible los pleitos, presentar escritos de decenas o centenares de páginas llenas de pura palabrería hueca, etcétera. Se trata de una abogacía judicializada, que es poco útil para la defensa efectiva de los derechos de muchas personas (habrá casos, desde luego, en los que el pleito sea inevitable, pero deberían ser una verdadera minoría).

Lejos de ese modelo, lo que hoy se requiere son abogados que sepan prevenir los conflictos en vez de incentivarlos, que sean agentes activos de pacificación dentro de una sociedad sacudida a diario por miles de conflictos de todo tipo, que sean componedores de problemas y que además trabajen con eficacia, diligencia y ética profesional a toda prueba.

También necesitamos abogados que no solamente sean aptos para trabajar en las materias tradicionales del derecho, las cuales se encuentran muy saturadas de oferta profesional y en las que los honorarios que se pueden cobrar son bastante modestos. Necesitamos profesionales del derecho que trabajen en materias de frontera o que todavía están pendientes de ser desarrolladas de manera completa.

Hay buenas áreas de oportunidad en temas de protección y litigio medio ambiental, en todo lo relacionado con el derecho a la salud, en la regulación jurídica de las nuevas tecnologías, en todo lo relativo a las finanzas digitales (el llamado “Fintech”, que incluso tiene su propia ley expedida por el Congreso de la Unión hace unos pocos años), en el sector energético más allá de los temas petroleros y eléctricos (un sector que seguramente renacerá con fuerza después del 2024), etcétera.

Un tercer tema que en esta emblemática fecha debemos considerar es el de la ética profesional. Suman miles de casos en los que las personas que han contratado a un profesional del derecho terminan siendo literalmente estafadas. Hay abogados que se venden al mejor postor, que son tan negligentes como dejar vencer plazos procesales, que atienden asuntos en materias cuyos principios elementales desconocen, que cobran por anticipado y nunca le vuelven a tomar una llamada al cliente, etcétera.

En otros países, las faltas a la ética profesional tienen graves consecuencias. Los colegios profesionales ejercen un control para determinar quienes pueden ejercer la profesión pero también para aplicar las respectivas medidas disciplinarias para quienes lo hacen sin apego a la deontología profesional. En México prevalece la más absoluta impunidad. Hay abogados que han sido procesados penalmente, pero se trata de casos de fraude fiscal o de participaciones en la criminalidad organizada. No conozco ningún caso de algún profesional del derecho que haya enfrentado sanciones penales por un abuso o violación de los derechos de sus clientes.

También necesitamos una abogacía que sea mucho más propositiva. Que se involucre en los temas legislativos, que tenga interlocución con los partidos políticos y los representantes populares, que se pueda sentar a dialogar con las asociaciones de juzgadores, que busque incidir en el mejoramiento de la calidad democrática del país y de los temas sustantivos que deberíamos estar analizando a profundidad.

En suma, lo que México requiere es una abogacía muy distinta a la que hoy en día se ejerce de forma mayoritaria. Una abogacía renovada, con altos estándares éticos, con una firme proyección hacia temas y materias novedosos, con un compromiso cívico indeclinable y con capacidad de aportar propuestas a los grandes problemas nacionales. Esa es la abogacía que México necesita.

Abogado constitucionalista.
@MiguelCarbonell


 

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