El debate público en México está por los suelos. Perdemos tiempo en discutir sobre dimes y diretes, sobre lo que escribió fulanita en su Facebook o sutanito en un artículo perdido de un blog, pero esquivamos los temas que deberían guiar nuestras preocupaciones como sociedad.
Mientras en otros países hay una importante discusión sobre el cambio climático, nuestra gerontocracia política (anclada en el pensamiento de los años 70 del siglo pasado) solamente tiene en su cabeza el tema del petróleo y las refinerías. Las aportaciones medioambientales de México se remontan a lo realizado hace décadas. En las discusiones recientes sobre la protección del medio ambiente, nuestro país cuenta más bien poco o nada.
Lo mismo sucede con el tema del desarrollo tecnológico. Mientras que en muchas ciudades del mundo ya se usan los programas de inteligencia artificial para mejorar las condiciones del tránsito de vehículos, para ahorrar luz o para detectar fugas de agua y gas, en las nuestras los alcaldes siguen siendo políticos de quinto nivel, cuya preocupación es amañar licitaciones, meter en la nómina a parientes y amantes y exprimir en beneficio propio el presupuesto que administran. La calidad de los servicios públicos que prestan los municipios (desde la provisión de agua potable hasta la recogida de basuras, pasando por el mantenimiento de las calles o la regulación del uso de suelo), deja mucho que desear, pero nadie parece estar discutiendo las opciones para mejorar en ese ámbito. De hecho, es probable que la mayoría de ciudadanos ni siquiera conozca el nombre de su alcalde o presidente municipal. Parece que son figuras irrelevantes, pero su tarea gubernativa es fundamental para construir un país mejor.
Ya ni hablemos del tema educativo, en el que llevamos décadas estancados y no hay perspectiva alguna de mejora. Es muchísimo lo que podríamos hacer en materia educativa para ofrecerles un futuro mejor a nuestros niños y jóvenes, pero el debate nacional se centra en si se pueden o no heredar las plazas magisteriales, si se debe o no de evaluar a los maestros o si las universidades deben admitir a todo el que quiera entrar sin aplicarles examen y sin importar las calificaciones que tengan.
Es increíble el nivel de subdesarrollo en el que nos hemos instalado. No he visto discusiones sustantivas sobre el uso que se le debe dar a las nuevas tecnologías dentro del aula, sobre cómo formar a los alumnos con espíritu emprendedor, sobre cómo mejorar los hábitos de lectura de los jóvenes, sobre cómo prepararlos para un mercado laboral competitivo, sobre cómo ofrecerles herramientas que les permitan ser buenos ciudadanos y ser útiles para su comunidad. Nada de eso lo estamos discutiendo, a pesar de ser lo más relevante.
Otro tema en el que el debate público brilla por su ausencia es en cuestiones de justicia. Quienes somos abogados podríamos contar miles de anécdotas sobre las violaciones cotidianas que suceden en México a los derechos de las personas. Debemos mejorar la formación de nuestros policías, la forma de trabajo de los Ministerios Públicos, la supervisión de la manera en la que dictan sentencias nuestros jueces, la calidad ética de nuestros abogados, pero nada de eso parece estar en la agenda. Cuando se propone algún cambio para sancionar a los “malos abogados”, salen en tropel los colegios y barras a defender el status quo, para seguir manteniendo los privilegios de quienes hacen un mal uso del sistema de justicia. Hay millones de personas agraviadas por un sistema de justicia que no atiende a las víctimas ni las respeta, que fomenta la impunidad, que encarcela inocentes y permite, pero las barras de abogados se preocupan de que no se sancione a los tramposos.
El debate en materia de justicia no puede limitarse al tema de la amnistía. Es un buen primer paso, pero discutamos también la manera de mejorar el funcionamiento institucional de juzgados, tribunales y fiscalías. Con una tasa de impunidad (según datos del Inegi) del 99%, parece un tanto iluso poner como la primera prioridad el eximir de responsabilidades a quienes ya están presos. No es que no se deba hacer. Claro que hay que reparar injusticias y proteger siempre a los inocentes, pero la discusión debe ser mucho más de fondo y abarcar temas de mayor complejidad. Pero esa mayor complejidad de las discusiones es algo que parece estar lejos del alcance de nuestra iletrada clase política. Estamos fritos.
Investigador del IIJ-UNAM.
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