Mientras que en México seguimos discutiendo sobre temas que deberíamos ya haber superado (como el fraude post-electoral que se está llevando a cabo en BC), en otros países han dado pasos enormes para adecuar sus ordenamientos jurídicos a las exigencias de la modernidad.
Los abogados mexicanos necesitamos convertirnos en agentes propiciadores del cambio jurídico, en vez de seguirnos oponiendo a cualquier novedad que se pretenda introducir en el ordenamiento jurídico mexicano.
No podemos continuar viendo solamente las materias clásicas (algunas de las cuales ya se han transformado), sino asomarnos a las cuestiones novedosas. Tenemos frente a nosotros el reto de contar en el país y saber aplicar correctamente las regulaciones modernas en materias como el block-chain, los Smart contracts y en general el área de fintech, lo cual nos va a permitir insertarnos en los nuevos “mercados digitales” que se están consolidando alrededor del mundo.
Mientras que nosotros estamos pensando en las fabricas maquiladoras, en otros países se dieron cuenta que el futuro de la economía va a ser sobre todo digital y ya cuentan con un marco jurídico propicio para darle la bienvenida a ese futuro, en el cual por ejemplo las nuevas tecnologías van a disminuir sensiblemente la necesidad de acudir ante un tribunal para arreglar nuestros problemas (los algoritmos propondrán las mejores soluciones y nos ayudarán a “predecir” si tenemos o no oportunidades de ganar en caso de que decidamos judicializar un pleito).
La tecnología nos permite desarrollar estrategias preventivas que evitan la comisión de delitos, pero nosotros le seguimos apostando a comprar más patrullas, poner más policías y ministerios públicos, y construir más cárceles. Justamente eso refleja lo mucho que pesa nuestro pasado y lo urgente que es implementar regulaciones que nos lleven hacia el futuro en los temas jurídicos.
Una oportunidad para demostrar si estamos avanzando hacia la modernidad o si queremos seguir en el subdesarrollo va a ser el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que nuestros legisladores federales deberían haber expedido desde hace meses y respecto al cual no hay avances significativos. En otros países la expedición de nuevos códigos de procedimientos se ha aprovechado para incluir las notificaciones por internet, los juicios en línea, el desahogo de pruebas testimoniales y periciales por videoconferencias, entre otros avances. Podemos tomar en cuenta la experiencia de otros países para darnos una codificación moderna en esas materias, las cuales afectan a millones de personas cada año en México.
Hay que darnos cuenta a toda prisa que estamos pasando de una civilización jurídica basada en el papel, a un universo plenamente digital en el cual la mayor parte de actos jurídicos van a realizarse solamente en internet y no en el “mundo físico” (por ejemplo, en Estados Unidos ya se han dictado más de 200 sentencias en las cuales los tribunales les reconocen a los “emojis” que enviamos por WhatsApp pleno valor jurídico para la celebración de acuerdos y contratos de todo tipo).
Todos los operadores jurídicos (incluyendo desde luego a los legisladores) deben tener claro ese cambio y actuar en consecuencia. Estamos tan atrasados que todavía hay abogados que se niegan a abrir una cuenta en las redes sociales porque piensan que solamente les va a quitar el tiempo: viven en la prehistoria y eso los acerca a una inminente obsolescencia profesional.
Tenemos una gran oportunidad para hacer mejor las cosas y de esa manera prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que actualmente (y con sobradas razones) no confía en la justicia y tampoco en los abogados. Ahora bien, se requiere que los colegios y barras, las escuelas y facultades de derecho y las demás organizaciones que influyen en los temas jurídicos alcen la voz y sean constructores del cambio jurídico, y no opositores sin argumentos, como en demasiadas ocasiones lo han sido en los años recientes. De nosotros depende.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
www.centrocarbonell.mx
