No entiendo el afán de muchos políticos del actual régimen que parecen estar buscando a diario una excusa para proponer alguna ocurrencia que roza los límites de la inconstitucionalidad e incluso de la mera racionalidad. Podría pensarse que hay mucho por cambiar y mucho por mejorar en México, lo cual sin duda es cierto, pero eso no quiere decir que los cambios tengan que estar en manos de pirómanos que pretender incendiar el país para decir que lo transformaron. Las cosas pueden y deben conducirse de forma diferente.
La mejor ruta para hacer frente a nuestros problemas me parece que está claramente escrita en la Constitución: ahí está el mejor plan programático que se ha escrito en la historia moderna de México, totalmente comprensible para quien se tome la molestia de leerla e interpretarla de buena fe.
¿Queremos hacer frente a la pobreza? Ahí están los derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, las normas que protegen a los trabajadores frente a los abusos y las que impiden que las personas sean discriminadas.
¿Queremos derrotar a la delincuencia? La Constitución les dice a las autoridades que se coordinen, que cuenten con policías capacitados, que tomen en cuenta con diligencia y de manera oportuna las denuncias ciudadanas, que recaben pruebas, que respeten el debido proceso.
¿Queremos una mayor rendición de cuentas y un combate eficaz contra la corrupción? Ahí están las previsiones sobre la transparencia gubernamental, sobre la tarea de la Auditoría Superior, las reglas inactuadas hasta ahora del Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Por qué todo eso parece haberse olvidado y en vez de acatarse se le intenta hacer añicos? ¿qué ganamos los mexicanos cuando desde el poder público se nos dice que una forma de hacer justicia es olvidarnos de aplicar el ordenamiento jurídico?
Hay que decirlo todas las veces que sea necesario (y vaya que lo hemos repetido a lo largo de estas últimas décadas): no hay democracia posible sin respeto a las reglas formales del juego, las cuales -nos guste o no- están escritas en el texto constitucional y en las leyes. Esa debe ser la guía de cualquier gobernante.
En el pasado la Constitución fue masivamente manipulada por el régimen autoritario que gobernó México durante décadas. Cualquier intento de avance democrático debe estructurarse sobre un compromiso ineludible con el ordenamiento constitucional. No habrá un país en paz y un país próspero sin Estado de derecho. Aunque a algunos políticos no les guste escucharlo, se los vamos a seguir repitiendo: deben cumplir la Constitución, en beneficio de todos los habitantes de este país tan grande, tan plural y tan herido por los malos gobiernos.
Todos sabemos que el acatamiento de las normas constitucionales tiene una condición ineludible: la existencia de jueces que las apliquen de manera imparcial y garantista. Por eso es que el tema del poder judicial ha estado en el centro del debate público nacional. Y debería seguirlo estando, porque hay muchas tareas pendientes. No solamente a nivel federal: todos los que se han llamado a escándalo en fechas recientes por lo que sucede en el Poder Judicial Federal deberían tomarse un ratito para ver el desastre absoluto en el que se imparte justicia en muchas entidades federativas. Son millones de mexicanos los que a diario acuden no a las pulcras y muy dignas instalaciones de la judicatura federal, sino a los destartalados juzgados de ciudades y pueblos que trabajan como si estuviéramos en pleno siglo XIX. ¿Quieren ver justicia que tarda años en administrarse? Vayan a los estados. ¿Quieren ver computadoras e impresoras con 20 años de antigüedad? Volteen a ver a cientos de juzgados a nivel local. De esa realidad pocos parecen darse cuenta. Seguramente es más sencillo fijarse en lo que sucede en la cúspide.
De lo que se trata, no lo olvidemos, es de construir un sistema de normas e instituciones que funcionen. No digo que las personas que están en los cargos no importen. Claro que juristas preparados y comprometidos pueden hacer una gran diferencia, pero sus triunfos serán efímeros si no construimos entre todos un sistema que haga justicia de verdad, sobre la base del respeto compartido de las normas constitucionales. Que nadie lo olvide.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
