En 1973 la Suprema Corte de los Estados Unidos dictó una de las más relevantes (y de las más discutidas) sentencias de toda su historia: al resolver el caso “Roe v. Wade” reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria un embarazo.
El autor de la sentencia fue el juez Harry Blackmun, nombrado como integrante de la Suprema Corte a propuesta del Presidente Richard Nixon, un feroz político republicano, conservador en todos los aspectos y que terminó de manera anticipada su presidencia por el escándalo del caso “Watergate”. Blackmun fue nombrado juez por sus credenciales aparentemente conservadoras, pero dio la sorpresa al inclinarse hacia una postura liberal en el caso del aborto.
Todo esto viene a cuento porque nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en México acaba de dictar un fallo de la misma trascendencia histórica en materia de aborto. La Suprema Corte mexicana afirmó de manera unánime que la criminalización del aborto (es decir, el encarcelar a mujeres que interrumpan de manera voluntaria un embarazo) es inconstitucional. Fueron especialmente merecedoras de aplauso las posturas decididas y valientes de las tres ministras que integran el Tribunal Pleno de la Corte: Norma Piña, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, quienes de viva voz expresaron con claridad su apoyo hacia la adecuada tutela de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Al escuchar las intervenciones de Piña, Esquivel y Ríos Farjat, en el salón del Pleno de la Corte, no puede uno dejar de pensar en lo mucho que ha cambiado el país y en lo que puede seguir cambiando en la medida en que lleguen más mujeres a ejercer la máxima posición jurídica del país. Son ellas quienes tienen mucho por enseñarnos y a quienes debemos escuchar en este tipo de temas.
Obviamente, una vez que el fallo fue emitido el pasado 7 de septiembre, hubo voces que estuvieron en contra y que expresaron el malestar por el sentido de la resolución. Lo cual es algo comprensible, puesto que el tema del aborto es uno de los que más polariza a las sociedades contemporáneas. Se trata de un tema en el que, como lo ha señalado el constitucionalista norteamericano Laurence Tribe, chocan los “absolutos”: por un lado, la libertad de las personas gestantes de decidir sobre su propio cuerpo y ejercer de manera libre sus derechos sexuales y reproductivos; por otra parte, el derecho a la vida potencial que se va desarrollando en su seno y que, conforme avanza el embarazo, se hace también objeto de protección por parte del ordenamiento jurídico. Se trata de dos valores “absolutos” para cualquier sociedad: la vida y la libertad. Por eso es que no es sencillo ni fácil que nos pongamos de acuerdo en los debates sobre el aborto.
La Corte precisó en su fallo que aquellas constituciones locales que señalan que la vida se protege desde el momento de la concepción son violatorias de derechos humanos, pues permiten penalizar el aborto de forma absoluta, sin observar los debidos matices en función del momento del embarazo en el que se lleva a cabo la interrupción del mismo, ni tampoco toman en cuenta la causa misma del embarazo, que no en todos los casos se lleva a cabo con la voluntad de la propia persona gestante.
La discusión sobre el aborto se extendió unos días después mediante el estudio que hizo la propia Corte de la figura de la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina, cuando se nieguen a practicar abortos por ser una intervención que choca con sus creencias más íntimas. La Corte reconoce que la objeción de conciencia es constitucional y que debe tener un espacio legítimo en toda democracia robusta, pero que debe estar claramente regulada para efecto de que no vulnere los derechos de las personas gestantes a la interrupción del embarazo.
Estas decisiones de la Corte suponen una culminación de diversos criterios que el propio tribunal constitucional de México había venido tomando desde 2008 cuando decidió sobre la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en 2018 ya había señalado la necesidad de atender abortos con carácter urgente y en ese mismo año había decidido la inconstitucionalidad de que en Morelos le prohibieran abortar a una menor de edad que había sido violada.
No se trata, como puede ver el lector, de un tema fácil, pero sin duda la Corte acaba de dar un paso valiente, que protege las libertades y asegura un mejor futuro para las personas gestantes.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
