No deja de ser sorprendente la premura, incluso la urgencia, con la que desde las filas oficialistas se está promoviendo una reforma electoral que puede abarcar un abanico amplio de temas.
Habiendo docenas de problemas en verdad sustantivos que no se han podido resolver en el país, ciertos actores políticos prefieren enfocar su tiempo y su energía en algo que nadie está reclamando desde la sociedad civil y que en muy poco beneficiará a la población en general, como lo es una nueva reforma electoral.
El sentido común y todas las enseñanzas en materia de administración (tanto en el ámbito privado como en el público), nos advierten que si algo funciona bien no se le deben hacer cambios. Y en México hay pocas cosas de las podamos presumir que funcionan bien, pero una de ellas es precisamente el sistema electoral.
La historia que tanto les gusta recordar a algunos lo avala: el sistema electoral mexicano ha permitido al menos desde 1997 una muy sana pluralidad en el ámbito legislativo. Ha permitido también una igualmente sana alternancia en la presidencia de la República, la cual han ocupado tres diversos partidos y coaliciones desde el año 2000 hasta el día de hoy. A nivel local las alternancias se han producido con normalidad a nivel estatal y municipal. Cuando ha habido diferencias de criterio sobre los resultados electorales, los afectados han hecho uso de las vías jurisdiccionales previstas en la Constitución y en las leyes, a fin de que el Tribunal Electoral fije las soluciones correspondientes.
Cada tres años, sin que se haya dado ningún tipo de demora o cancelación, los ciudadanos han acudido de manera muy responsable a las mesas electorales, para integrar las respectivas casillas, han recibido y contado los votos de sus vecinos, los han hecho públicos en los locales correspondientes, han custodiado las urnas durante horas, las han ido a entregar a la autoridad electoral, etcétera.
Los votantes han demostrado su confianza en las elecciones, acudiendo de manera masiva a ejercer sus derechos de participación política. En ocasiones ha habido mayor abstencionismo del que quisiéramos, pero en términos generales la participación ha sido considerable tomando en cuenta las referencias que nos ofrece la comparación con otros países de América Latina.
Millones de personas cuentan con su credencial para votar con fotografía, que es un instrumento seguro y confiable de identificación personal. Quienes la tienen, hacen uso de ella de manera regular para expresar su voluntad ante las urnas, refrendando a través del voto su ánimo de perseverar en el sistema democrático que, con todos sus problemas y limitaciones, ya está establecido en México.
A la vista de todo lo anterior, ¿por qué de pronto tendríamos que acometer, con prisas y de forma poco dialogada, una nueva reforma electoral? No digo que no haya cosas que mejorar en la legislación que rige los procesos electorales. Tal como sucede con cualquier otra ley, basta con que le pregunten a un especialista si se deben hacer cambios para que enseguida el elegido pueda hacer una lista enorme de lo que a él le gustaría modificar. Pero lo cierto es que el país tiene problemas mucho más sustantivos, que deberían requerir la atención de nuestros legisladores.
Legisladores que, por cierto, tienen años de retraso en la confección de diversos ordenamientos que la Constitución les ordena que expidan y que siguen estando en el limbo del Congreso de la Unión. La Suprema Corte les ha tenido que recordar a través de diversas sentencias condenatorias la necesidad de que cumplan con los mandatos constitucionales de legislar, sin que hasta la fecha hayan hecho el más mínimo esfuerzo para dar cumplimiento a las resoluciones del máximo tribunal de la República.
Todo ello indica que quizá haya un interés personal o partidista al promover una reforma electoral justamente en este momento. ¿Será que hay quienes ven nubarrones en el horizonte del proceso electoral de 2024 o de ahí en adelante para sus propias aspiraciones de pasar a la historia o de ocupar los más elevados cargos públicos?
Y lo peor de todo es que quizá esa anunciada reforma electoral no sea más que una excusa para un ajuste de cuentas personal en contra de algunos consejeros del INE. Razón de más para rechazarla y no permitir que se legisle a través de estilos mafiosos para intentar ganar a través de los artículos transitorios lo que no pudieron obtener en las urnas.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
