Tienen muchas y muy buenas razones las mujeres para quejarse de la pésima procuración de justicia, de la indolencia de las autoridades, de la falta de respuesta ante las denuncias que presentan por la violación de sus derechos, del acoso que sufren dentro y fuera de su hogar, de los miles de feminicidios que se cometen.
El sistema penal sigue presentando fallas. Hace unos días nos lo volvió a recordar el magnífico informe Hallazgos2018 de la organización México Evalúa. Se trata de un trabajo que ofrece un gran número de reflexiones sobre lo que se está haciendo mal en la justicia penal mexicana.
El informe nos recuerda algo que sabemos desde hace años: la incidencia delictiva es altísima en México. Según datos del Inegi, cada año se cometen en el país más de 30 millones de delitos.
De acuerdo con el informe de México Evalúa, esa incidencia delictiva da lugar cada año a la presentación de 2 millones cien mil denuncias y querellas ante las procuradurías de justicia. En el caso del 11% de tales denuncias, se presenta además una persona detenida (unos 230 mil detenidos por año).
Pese a iniciar con un universo de más de 2 millones de denuncias, las fiscalías solamente logran 81 mil vinculaciones a proceso, que son las determinaciones judiciales a partir de las cuales un juez penal señala que sí existen los elementos e indicios exigidos por la ley para abrirle a una persona un proceso penal en el que deberá enfrentar las imputaciones que se le hacen. Eso equivale solamente al 3.9%.
Dicha cifra nos indica que las capacidades de investigación e integración de carpetas para que se obtenga una vinculación a proceso son escasas. Esto se debe a la falta de capacitación del personal que interviene en las primeras etapas del procedimiento penal (policías preventivos, fiscales, peritos y policías de investigación), pero también a la falta de medios técnicos que les permitan hacer bien su trabajo. Seguimos teniendo agencias del Ministerio Público en las que no hay papel para imprimir, en las que las computadoras son de hace muchísimos años, las impresoras todavía son de las ruidosas que llamábamos “de punto” y un largo etcétera.
Mientras los asuntos están todavía en el ámbito de los ministerios públicos, unos 127 mil se resuelven por los llamados medios alternativos de solución de controversias, los cuales permiten una solución rápida y relativamente barata para un número considerable de presuntos delitos, sobre todo los de carácter patrimonial.
Las cifras se van haciendo pequeñas conforme avanzan las etapas del proceso penal, de tal manera que solamente el 0.27% del total llegan a la etapa de juicio oral. Son demasiado pocos. Ese dato tan menor sugiere que nuestras fiscalías no tienen la formación necesaria para agotar las etapas del procedimiento y buscan alguna salida fácil para no verse exhibidos en las audiencias orales (y lo misma aplica para muchos abogados defensores, sobre todo en el caso de quienes hace años dejaron de actualizar sus conocimientos).
En ese enjambre de inercias institucionales, se vulneran día tras día los derechos humanos de todos los involucrados (incluyendo los derechos humanos de los servidores públicos, quienes trabajan muchas veces en condiciones deplorables y con nula capacitación). La situación es aterradora en general, y lo es todavía más para las mujeres, que con frecuencia son objeto de desatención, de un trato en el que existe una total falta de perspectiva de género y hasta de burlas por parte de policías y fiscales.
Lo menos que podemos hacer es cerrar los ojos ante esta dolorosa realidad. Los feminicidios no se van a terminar si no levantamos las voces, hacemos sonar las alarmas y exigimos un mucho mejor desempeño de las autoridades. En Ciudad Juárez la tormenta conocida como “Las muertas de Juárez” inició en 1993. Llegaron a desaparecer o aparecieron muertas más de 4 mil mujeres según algunos estudios. En los años recientes, más de 25 años después, la ciudad sigue estando entre las más peligrosas para las mujeres. Parece que no hemos aprendido nada. Y lo mismo puede decirse a nivel nacional. Pasa el tiempo y nadie hace nada. Esa inercia debe romperse. Bienvenidos todos los recordatorios que nos abran los ojos sobre la urgencia y gravedad de las amenazas contra las mujeres.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
www.centrocarbonell.mx
