Poco a poco y no sin algún tropiezo, los tribunales mexicanos se han ido adaptando a lo que podríamos llamar la “nueva normalidad judicial”. En casi todas las entidades federativas y a nivel federal se han dictado acuerdos para tramitar asuntos en línea y se ha implantado en muchos casos el trabajo a distancia.
Gracias a esas medidas se está permitiendo desahogar algunos asuntos, aunque no tantos como hacen falta. Dado que la impartición de justicia es una actividad calificada como esencial en los decretos de la Secretaría de Salud, deberíamos haber avanzado mucho más rápidamente, como lo han hecho por ejemplo en el Estado de México, en Nuevo León o en Querétaro por citar algunos ejemplos a nivel local, o como lo ha hecho también la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal en sus ámbitos de competencia.
Para poder tener un esquema operativo y eficaz de justicia digital necesitamos inversiones fuertes en tecnología. La capacidad de recepción y almacenamiento de datos debe ser incrementada en grandes proporciones. También se debe trabajar intensamente en la capacitación del personal judicial. Y lo más importante: hay que hacer lo necesario para preparar a los abogados mexicanos, que tan apegados están en su enorme mayoría a los litigios “de papel”.
Las inversiones en tecnología se requieren también para el ejercicio de la abogacía. No es un tema exclusivo de las autoridades. En varios países se han hecho encuestas desde antes de la pandemia a despachos de abogados, para preguntarles si estarían dispuestos a invertir en avances tecnológicos. La respuesta ha sido abrumadora: un 90% dijo estar de acuerdo en hacer fuertes inversiones en tecnología para facilitar y hacer más eficiente su trabajo. Lo que se busca es contar con apoyo en tareas administrativas, ayuda en el análisis de datos, planificación anticipada de las actividades, uso de datos para toma de decisiones, facturación automatizada, gestión de la cobranza, herramientas para gestión de proyectos, etcétera.
La justicia digital debe trabajar en esquemas no solamente “reactivos” frente a los conflictos jurídicos, sino también debe hacer propia una tarea informativa y preventiva. Los tribunales deben abonar a la enorme tarea de difundir los derechos y obligaciones de las personas, ofreciendo información real y fidedigna sobre los resultados que cabe esperar en caso de judicializar determinado caso. Los abogados no suelen ofrecer dicha información, porque su interés es “atrapar” al cliente y cobrar los respectivos honorarios, lo cual es hasta cierto punto comprensible.
Por otro lado, la tarea preventiva que pueden llevar a cabo los tribunales consiste en generar mecanismos que eviten largos litigios, costosos en tiempo y en dinero para todos los involucrados. Ya tenemos en México fundamento constitucional y algunas normas legislativas que regulan los llamados “medios alternativos de solución de controversias”; es momento de tomarlos en serio y hacer que su utilización se incremente. Se trata de un cambio cultural que debe orientar el trabajo jurídico más hacia la solución de problemas y menos hacia la promoción de absurdos litigios que todo lo complican.
Las medidas a tomar en materia de justicia digital son sobradamente conocidas. Algunas de ellas son las siguientes:
1) Oficialía de partes virtual para recibir los escritos iniciales de las partes promoventes a cualquier hora del día y cualquier día de la semana.
2) Expediente electrónico para tener todas las actuaciones en línea y poder consultarlas en tiempo real por las partes en el juicio (o incluso por cualquier interesado si se generan “versiones públicas”).
3) Audiencias telemáticas para evitar que se aglomeren las personas en los locales del poder judicial, que en condiciones normales son extremadamente concurridos (dichas audiencias telemáticas, por cierto, ya están previstas en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que debe ser el ejemplo a seguir en materias distintas a la penal).
4) Firma electrónica única para poder promover y dar seguimiento a asuntos tanto ante tribunales federales como locales. Los poderes judiciales deben ponerse de acuerdo a la mayor brevedad y trabajar de forma conjunta para hacer más sencillo el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. La tradicional “tramititis” de nuestros tribunales debe ser dejada atrás lo antes posible.
Las tareas son muchas. Lo que hay que hacer ya se sabe y no es un misterio para nadie. Lo más difícil es cambiar la mentalidad tradicional de ciertos abogados mexicanos que creen que nada puede cambiar y que se niegan a evolucionar. Vamos a demostrarles que sí se puede.
Investigador del IIJ-UNAM.
