La pandemia de Coronavirus ha sido un poderoso acelerador de tendencias que se venían incubando desde hace ya varios años. Uno de ellos, de especial interés para los abogados, tiene que ver con el funcionamiento de la justicia.
La anunciada “nueva normalidad” va a obligar a los tribunales a trabajar de una manera diferente, si es que se quieren evitar los contagios de jueces, magistrados, abogados y del resto de personas (miles de ellas) que acuden cotidianamente a los lugares en los que se imparte justicia.
Se debe trabajar para ir adoptando un modelo que se puede resumir en la fórmula de la “justicia digital” y que supone profundas transformaciones en la manera en la que han venido desarrollando su función nuestros tribunales.
La implantación de la justicia digital debe moverse en dos planos temporales diferentes. En el corto plazo los tribunales deben utilizar las herramientas que ya tienen a su alcance y que no requieren de inversiones fuertes para poder funcionar. Me refiero a la utilización de mecanismos tan evidentes como el correo electrónico para recibir demandas u otras solicitudes, o de plataformas como Zoom para desahogar audiencias. En China desde el año 2017 instalaron sistemas de videoconferencia en más de 20 mil de sus tribunales; esos sistemas permiten ahorrar tiempo y gastos de desplazamiento (e incluso reducen los riesgos que siempre existen en el traslado de reos, cuando se trata de causas penales).
En el mediano plazo tendremos que pensar en la progresiva utilización de nuevas tecnologías para mejorar el acceso a la justicia. Por ejemplo, podemos desarrollar aplicaciones que antes que nada proporcionen información a las personas sobre sus problemas jurídicos. Eso les permitirá tomar mejores decisiones para resolver esos problemas. Pero además podemos también asesorarlas a través de las tecnologías respecto a las opciones que les proporciona el sistema jurídico para atenderlos, a través de esquemas de mediación y conciliación que eviten que muchos asuntos tengan que llegar a los tribunales.
Los ejemplos de cambio abundan tanto en México como en otros países. La muy tradicional Suprema Corte de los Estados Unidos comenzó a sesionar de manera remota, utilizando la tecnología y permitiendo el desahogo a distancia de las famosas audiencias que se desarrollaban desde hacía décadas en su sede del palacio de mármol situado frente al Capitolio de Washington (incluso la jueza Bader Ginsburg participó desde el hospital en el que se está atendiendo un problema de cáncer). Nuestra propia Suprema Corte aquí en México comenzó a resolver asuntos tanto en pleno como en salas a través de videoconferencias en las que sus integrantes participaban desde sus domicilios particulares.
Nada impide que las demandas y las pruebas que las sustentan se hagan llegar por correo electrónico, que los testimonios se recojan a través de videoconferencias, que los recursos de apelación puedan presentarse en una “oficialía de partes” virtual y así por el estilo. Ya hoy en día millones de personas utilizan sencillas y amigables aplicaciones para hacer trámites bancarios, reservar boletos de avión o consultar sus calificaciones escolares.
El desarrollo tecnológico lo permite. Tenemos disponibles instrumentos de almacenamiento y transferencia de información que hace unos años no podíamos haber ni siquiera soñado. Pero además su uso no requiere el entrenamiento de un astronauta: cualquier persona más o menos informada puede utilizar los sistemas tecnológicos de comunicación.
Ahora bien, ese uso depende de una cosa que está entre las más difíciles de lograr en México: que los juristas cambien su conservadora mentalidad y dejen de negarse a los cambios que deben suceder. Me parece completamente irracional que haya tantos abogados que se nieguen a utilizar los avances tecnológicos que ni siquiera conocen. Se trata de un rechazo instintivo que no está basado más que en prejuicios y temores ante lo desconocido. Eso es lo que tendremos que superar antes que nada. El obstáculo para la nueva justicia mexicana está en la cabeza de nuestros abogados.
Pero la realidad ya los alcanzó. Abrir los tribunales mientras no exista una vacuna contra el coronavirus implica ponernos a todos en riesgo. No abrirlos supone una clamorosa violación del derecho humano de acceso a la justicia que necesitan ejercer miles de personas. La solución solamente la vamos a encontrar en la tecnología, nos guste o no. Y a pesar de lo que creen algunos, creo que esa es una excelente noticia.
Investigador del IIJ-UNAM.
