No entiendo cuál es el propósito de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto. Si lo que se busca es poner el foco en la necesidad de sancionar eventuales actos de corrupción, lo cierto es que hay materia para ejercer acciones penales y administrativas de sobra, sin esperar a ninguna consulta de ningún tipo. Bastaría con reunir las pruebas suficientes, integrar las respectivas carpetas de investigación y solicitar la intervención legal de los jueces competentes.
Si lo que se busca es generar condiciones para la impunidad, pues ahí sí la consulta popular tiene sentido. Es del todo probable que no se alcancen los requisitos para obtener un resultado vinculante, con lo cual el gobierno podría lavarse las manos y pasar página sin ningún costo político. Lo más probable es justamente esto: se utiliza la supuesta “participación popular” para excusarse por los magros (o mejor dicho, nulos) resultados contra la corrupción del pasado y la actual.
Si la consulta del próximo domingo fracasa, habrá que sacar algunas lecciones. La primera es que, si queremos un resultado cierto en un ejercicio semejante, hay que tener una pregunta claramente redactada, que pueda ser contestada con un sí o un no entendiendo las consecuencias de cada posible respuesta. La segunda lección es que no hay que preguntar lo obvio: si nos pusiéramos a consultar el ejercicio de las atribuciones gubernamentales no terminaríamos nunca; los órganos públicos existen para llevar a cabo sus tareas, no para preguntarnos qué deben hacer o dejar de hacer.
Una tercera lección es que hay que evitar la manipulación del discurso público a través de las mentiras: se ha dicho que la consulta persigue castigar conductas delictivas que no son tales, ya que no están incluidas en ningún código penal . Se ha mentido muchísimas veces al publicitar la consulta por parte de algunos destacados políticos y dirigentes partidistas que han tenido un papel verdaderamente vergonzante.
La lección más importante de este desaseado proceso es que en el modelo del Estado constitucional de derecho que un país como México quiere ser algún día, la aplicación de la ley no es optativa o voluntaria. La ley debe acatarse y ninguna autoridad debe escudarse en alguna supuesta voluntad popular para decidir sobre la aplicación de sanciones a los funcionarios públicos del presente gobierno o de gobiernos pasados. Abrir la puerta para que a través de una decisión popular pudiera evadirse la acción de la justicia es muy peligroso. ¿Qué pasaría si la mayoría de las personas dijera que no quiere que se investiguen actos de corrupción? ¿qué mensaje estaríamos enviando como país y qué pensarían de nosotros las futuras generaciones? Es una apuesta muy perversa la que se emprendió al poner a consideración popular la aplicación o no aplicación de la ley.
Muchos de nosotros pensamos desde el inicio que la consulta, tal como fue originalmente planteada, era inconstitucional. La Suprema Corte nos dio en parte la razón ya que la modificó radicalmente, hasta el punto de que el texto definitivo que van a tener a la vista los participantes el próximo domingo no guarda ninguna semejanza con el “concierto de inconstitucionalidades” que caracterizaba la primera versión impulsada desde la Presidencia de la República, que era abiertamente violatoria de derechos humanos y del todo inconstitucional.
Despilfarrar cientos y cientos de millones de pesos en una consulta que no tendrá efecto práctico alguno es una grave irresponsabilidad. Desde luego que tienen que ser investigados los hechos de corrupción del pasado y se debe hacer sin demora alguna, reuniendo pruebas, construyendo argumentos sólidos y no profiriendo solamente arengas populistas de las que resulta imposible extraer consecuencia jurídica alguna. Lo que la consulta, de fondo, está promoviendo es la eventual impunidad, aunque hacia la opinión pública se quiera presentar como algo distinto.
Desde mi punto de vista, se trata de un enorme dispendio de tiempo, dinero y esfuerzo. Hay muchas cosas más importantes en las que deberíamos estar poniendo nuestra atención y cuya resolución es urgente. La más obvia es la contención de las nuevas olas de la pandemia, que anticipan un invierno que será un verdadero infierno y la coordinación en condiciones de seguridad del regreso a clases que se pretende llevar a cabo a finales de agosto. Habiendo tantos y tan relevantes temas en nuestra agenda, no sirve de nada perder un minuto en una consulta intrascendente como la del próximo domingo.
@MiguelCarbonell
