El pasado 3 de octubre inició la tercera y última etapa de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Se trata de una transformación profunda de la manera en la que se resuelven los conflictos laborales en todo el país, lo cual implica cambios tanto de calado como la desaparición de las históricas juntas de conciliación y arbitraje.
El impacto del nuevo sistema de justicia laboral se proyectará no solamente al funcionamiento de juzgados y tribunales, sino a la vida sindical, a la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores, a la protección de las y los trabajadores del hogar, a la lucha contra el acoso laboral y el acoso sexual en la fuente de trabajo, etcétera.
Pero, además, el nuevo sistema de justicia laboral permite que México cumpla compromisos internacionales asumidos frente a sus principales socios comerciales en el T-MEC. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá plantearon en el proceso de negociación del tratado que ahora sustituye al anterior TLCAN, que nuestro país tenía que dejar atrás décadas de simulación en los temas sindicales y avanzar hacia esquemas en los que los procedimientos de negociación colectiva y huelga fueran más transparentes y democráticos. Eso permitió, por ejemplo, aumentar de manera proporcional la presencia de mujeres trabajadoras en las dirigencias sindicales, o incluir en la legislación laboral la obligación de que toda renovación de contratos colectivos de trabajo fuera aprobada por la mayoría de los trabajadores.
La gran apuesta de la reforma se centra sobre todo en un nuevo modelo de conciliación laboral que hace obligatorio que antes de acudir ante una instancia judicial, las partes pasen por centros especializados que tendrán como misión esencial generar un acuerdo conciliatorio y evitar que el pleito se prolongue.
Esto es muy relevante porque no podemos reproducir el esquema de trabajo que existía ante las juntas de conciliación y arbitraje, que estaban verdaderamente rebasadas por la inhumana carga de trabajo que tenían que asumir. En los últimos años, al menos en las ciudades más grandes como por ejemplo la CDMX, las audiencias ante las juntas se estaban programando con un año de diferencia, de modo que los procesos laborales se alargaban indebidamente.
Actualmente, los datos preliminares tanto de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal como del Consejo de la Judicatura Federal señalan que tenemos una tasa de éxito en la conciliación de un 78% aproximadamente. Esto quiere decir que en casi 8 de cada 10 pleitos laborales se alcanza una solución sin que intervenga una persona juzgadora y sin que la solución tarde meses o años en llegar.
De los asuntos restantes (es decir, del 22% de asuntos que no logran resolverse en la etapa de la conciliación obligatoria), el tiempo promedio de solución, al menos en los juicios que son competencia del Poder Judicial de la Federación, ha bajado de los 4.5 años a 5 meses. Se trata de un dato alentador, que debería mantenerse en esos términos en los próximos meses y años. Ojalá se logre.
Un obstáculo importante que tiene el nuevo modelo es que las instancias gubernamentales son totalmente renuentes a permitir que cuando se les demanda, se alcancen acuerdos en la etapa de conciliación. Son miles y miles los asuntos en contra del IMSS, de Pemex, del ISSSTE y de otras instancias federales, en los que a fuerza se tiene que desahogar un juicio, a veces hasta por cuestiones relativamente nimias como la designación de beneficiarios para obtener servicios de seguridad social, a pesar de que los representantes del gobierno saben perfectamente que son asuntos que a la postre van a perder. Se trata de una actitud mezquina, basada en la desconfianza hacia sus propios abogados, que prolonga el sufrimiento de muchas trabajadoras y trabajadores, haciéndoles perder el tiempo que bien podrían aprovechar en otros menesteres.
Hay que felicitar a Luisa Alcalde por el impulso que le ha dado a la reforma desde su responsabilidad como secretaria del Trabajo, a los tribunales federales y locales, que han sumado una importante carga de trabajo a su quehacer cotidiano, y a los académicos en la materia, que están enseñando en las aulas las nuevas bases del derecho mexicano del trabajo.
Si la reforma laboral sigue funcionando como hasta ahora, estaremos enviando un claro mensaje de certidumbre para las inversiones y de respeto a los derechos de trabajadores y empleadores. Así es como se construye un mejor país.