Desde el permanente e inagotable monólogo presidencial al que asiste la República cada mañana se insistía hace unos días en que la incidencia delictiva en el país ha disminuido recientemente. Es posible que, si se seleccionan ciertos indicadores solamente y se analizan a la luz de periodos de tiempo muy específicos, esa afirmación del Presidente sea cierta, pero cuando se extiende la mirada seguimos observando la situación dramática que se vive en el país frente a la criminalidad. Las estadísticas se pueden modular al gusto de cada uno, pero la realidad es la que es, pese a que se prefiera cerrar los ojos frente a la ausencia de resultados.

Tan es así que, según datos del Inegi, el 58% de los habitantes del país percibe al tema de la inseguridad como el que más les preocupa, por encima del desempleo, la salud o el aumento de precios. El 69% de mexicanos no se sienten seguros caminando de noche en la calle. Hay más de 100 mil desaparecidos (y de ellos la mitad han desaparecido desde diciembre de 2018 hasta ahora).

Entre el 2018 y el 2020 las investigaciones de la Fiscalía General de la República disminuyeron un 30%; hoy en día la impunidad en delitos federales es del 95% mientras que por ejemplo en 2014 era del 61%.

Pese a que el Inegi señala que un poco menos del 90% de los delitos que ocurren a diario no son denunciados, en los años recientes se han presentado ante las fiscalías del país casi dos millones de denuncias y querellas (aunque de ese gran universo, solamente derivan unas 65 mil vinculaciones a proceso y únicamente 7 mil juicios orales por año). El 97% de los delitos cometidos en el estado de Guerrero no se denuncian, ni el 95% de los que suceden en Sinaloa y Zacatecas.

El sistema de justicia penal no funciona correctamente bajo ningún estándar con el que se le quiera medir. Cada Ministerio Público del país tiene a su cargo 145 carpetas de investigación en promedio y cada defensor público atiende de manera simultánea 37 asuntos anualmente (aunque son únicamente 3 asuntos en Campeche y excesivamente 196 en Nuevo León, así como 50 a nivel federal).

Sabemos que en lo que va de la actual administración han matado a 16 presidentes municipales en ejercicio del cargo, a casi 60 periodistas y a más de 100 defensores de derechos humanos. Más de 21 millones de personas son víctimas de la delincuencia cada año en el país.

La violencia feminicida sigue imparable; a diario matan en promedio a 10 mujeres en el país por el solo hecho de ser mujeres . 66% de mexicanas han sufrido violencia a lo largo de su vida y en muchos casos la asistencia y cuidado de las instituciones ha sido nulo.

¿En qué sentido puede un gobierno, del partido que sea, expresar satisfacción con estos datos? ¿no sería mejor aceptar su propia y clamorosa incapacidad y convocar de inmediato a la sociedad para que se haga un movimiento nacional de pacificación, a la vez que se fortalecen los mecanismos institucionales de respuesta frente a la criminalidad?

Ahora bien, el Presidente sí tiene completa razón cuando afirma que la mayor parte de la tarea de lucha contra el delito corresponde a las autoridades locales. El 92% de todos los delitos que se cometen en el país son competencia de las entidades federativas: los gobernadores y gobernadoras han fracasado estrepitosamente en el tema de la seguridad. Las policías locales están en una situación deplorable: sin entrenamiento, sin equipamiento, sin respaldo financiero, sin capacidad alguna de respuesta.

Si queremos mejorar y tener un país más seguro necesitamos comenzar a construir desde los municipios y de ahí ir subiendo hasta el nivel federal, al revés de lo que se ha hecho en el actual gobierno, en el cual la única apuesta ha sido la militarización del país y la creación de la Guardia Nacional . Necesitamos de otras políticas públicas, puesto que los resultados son muy magros.

En las campañas electorales de 2018 el gran tema fue el combate a la corrupción, en el cual los avances han ahora han sido de muy limitado alcance. En la ruta política del proceso electoral del 2024 el país se merece un debate lo más amplio e informado posible sobre la forma en la que vamos a combatir a la inseguridad y a construir un país más seguro para nuestras hijas e hijos.