Según datos del Inegi, ofrecidos a partir de las últimas encuestas sobre victimización e incidencia delictiva, el problema que más preocupa a los mexicanos es la inseguridad. 58% de las personas encuestadas señalaron que ese es el problema más grave que tienen, por encima del desempleo, la salud o el aumento de precios.
El 71% de las mujeres no se sienten seguras cuando están en la calle y, en general, el 69% de la población ni siquiera se siente seguro al salir de su casa caminando de noche, aunque en algunos estados la sensación de inseguridad aumenta considerablemente: 95% en Zacatecas, 88% en Colima y 85% en Puebla se sienten inseguros. Y no es para menos, de acuerdo a los demás datos que ofrece Inegi.
Durante 2020 hubo en el país más de 21 millones de víctimas de la delincuencia. En el 28% de los hogares mexicanos hubo al menos una persona que había sufrido un delito en el año anterior (eso equivale a 16.4 millones de hogares). En ese año las cifras oficiales estiman que hubo 80,954 víctimas de secuestro, es decir, 221 al día o 9.2 cada hora, sin tregua ni vacaciones de ningún tipo.
La delincuencia, por otro lado, se expresa en formas muy violentas de actuación. En el 18% de los delitos la víctima sufrió una agresión física, en el 41% de los casos los delincuentes traían un arma. Y lo peor: en el 9.4% de los delitos esa arma fue utilizada.
Hay un evidente sesgo de “masculinización” delincuencial: los hombres cometieron el 83% de los delitos, frente al 5% de delitos cometidos por mujeres y un 8% cometidos de manera simultánea por hombres y mujeres.
La enorme incidencia delictiva nos sale carísima como país. El Inegi estima que nos cuesta unos 277 mil millones de pesos anuales, equivalentes al 1.54% del PIB de México. Con ese dinero se podrían financiar casi 6 universidades del tamaño de la UNAM, ¡cada año!
Frente a esa marea delincuencial, las víctimas solamente deciden denunciar en el 10.1% de los casos. En el 93% de los delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación por parte de la autoridad ministerial encargada de investigar. Ahí empieza la pesada piedra de la impunidad.
El 98.5% de los secuestros no se castigan. Frente a las 67 mil personas reportadas como desaparecidas en lo que va de la actual administración federal, solamente se han dictado 36 sentencias por ese grave delito.
En el 48% de las carpetas de investigación iniciadas simplemente no pasó nada: las presuntas víctimas levantaron la denuncia y la misma fue a parar directamente al archivo oficial, sin que nadie hubiera realizado actos formales y efectivos de investigación. El 32% de los denunciantes afirma haberse tardado más de 4 horas para completar el trámite del levantamiento de la denuncia. En Jalisco, por poner un ejemplo especialmente notable, el 94% de las carpetas de investigación iniciadas terminan en el archivo temporal.
Las autoridades de todos los niveles nos siguen distrayendo con sus pequeños pleitos de plazoleta municipal, con sus invariables discursos populistas, con sus faltas de respeto cotidianas, pero no parecen estar orientadas sobre lo que hay que hacer para combatir el gravísimo tema de la delincuencia. Cientos de miles de familias han visto morir a sus seres queridos o han resentido el daño de la delincuencia en sus patrimonios, sin que las autoridades las hayan volteado a ver o sin que hayan recibido la ayuda y asistencia que ordena la ley.
Mientras nuestros representantes populares solamente piensan en su próxima frase contra el “neoliberalismo” o acusan a los demás de “traidores a la patria”, la gente sigue muriendo en nuestras calles, el transporte público de las zonas conurbadas sigue siendo un campo de batalla y los fraudes se consuman de manera masiva. Nadie responde, nadie toma la batuta, a nadie parece importarle.
Si en el proceso electoral del 2024 hubiera alguna candidatura o algún partido que tomara en serio el tema del combate a la inseguridad e hiciera propuestas viables para ganarlo, tendría muchas posibilidades de salir victorioso. La gente está harta de vivir con la zozobra permanente de la amenaza delincuencial sobre su cuello. Lo que quieren es poder salir tranquilos a la calle, que no desaparezcan sus hijas, que no los asalten en el transporte público, que no se metan a robar a sus casas. No es demasiado pedir. Es lo mínimo que las autoridades deberían ofrecer a los habitantes del país.
Abogado constitucionalista
