El pasado sábado 18 de marzo se vio una imagen atroz en la plaza central (el Zócalo) de la capital de la República: unos energúmenos quemaron una efigie de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , Norma Piña Hernández . Se trata de un hecho insólito porque manifiesta la cosecha de quienes han sembrado el odio y la división entre los mexicanos, quienes han manipulado a la opinión pública para intentar hacernos creer que hay buenos y malos, 100% honestos de un lado y 100% corruptos del otro. Lo que vimos es una de las expresiones más clásicas del populismo y también de una de las más dañinas.
Quemar en una plaza pública la efigie de una persona nos remonta al tiempo de las dictaduras, de la persecución ideológica, del autoritarismo, de las amenazas hacia quienes no se doblegan frente a los poderes del gobierno. Es impropio de una democracia.
La quema simbólica de la ministra Piña y los gritos pidiendo su renuncia constituyen lenguaje de odio. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el lenguaje de odio no está protegido por la libertad de expresión reconocida por el artículo 6 de la Constitución mexicana y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La más reciente sentencia sobre el tema fue redactada precisamente por la ministra Piña, quien en el Amparo Directo en Revisión 4865/2018 señaló que “los discursos de odio son un caso especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por razones como la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos, abogan por el exterminio de esas personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana”. En otra parte de la sentencia se afirma que “el discurso de odio es contrario a valores fundamentales en que se asientan los derechos humamos y la democracia constitucional, como lo son la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos discursos ejerzan, en condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión”.
Resulta extraño que desde el entorno presidencial que alienta las expresiones de odio contra la ministra Piña en las redes sociales (han aparecido cientos de miles de tuits con mensajes que la insultan e incluso que amenazan a su integridad física o a su vida), no se entienda lo más elemental: respecto a las decisiones que toman los jueces se puede discrepar. Hay algunas que nos parecerán atinadas y otras que lo serán menos, pero eso no justifica que se insulte y se agreda a quienes las dictan. Si no estamos de acuerdo con lo que resuelve en cualquier juzgado del país, tenemos la posibilidad de presentar un recurso para que la decisión sea revisada y, eventualmente, revocada si carece de fundamento jurídico.
Las personas juzgadoras en su enorme mayoría están haciendo lo mejor que pueden para impartir justicia muchas veces hasta con falta de medios materiales y humanos adecuados para realizar su trabajo. Aunque la justicia en México tiene grandes áreas de oportunidad para mejorar, lo cierto es que es uno de los ámbitos más profesionales y capacitados que existen en el país. Si comparamos el funcionamiento del Poder Judicial Federal con el de los poderes legislativos, los mal llamados representantes populares quedan claramente a deber. Y ya ni digamos con la deplorable administración pública, tan incapaz de ofrecer los resultados que la población demanda y que las leyes ordenan.
No es casual que se esté atacando justamente ahora a la Presidenta de la Corte . Ya llegaron hasta la mesa de la Suprema Corte las impugnaciones al llamado “Plan B” de reforma electoral, tan anhelado por el partido del Presidente de la República. La Suprema Corte habrá de definir dentro de muy poco tiempo sobre las ya muy señaladas inconstitucionalidades de tal reforma. El gobierno estará presionando por todos los medios para que las modificaciones subsistan, pese a la crítica que le han hecho todos los especialistas serios del país en materia electoral. Los ataques contra la ministra Piña se inscriben en ese contexto de disputa política, lo cual redobla su carácter inaceptable.
Discrepemos, discutamos, debatamos con toda la energía que el tema amerite, pero siempre desde el respeto hacia el otro, evitando caer en la tentación del odio, que tanto daño ha hecho a lo largo de la historia.
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Abogado constitucionalista. @miguelcarbonell
