Mucho se ha hablado en los días recientes de Alejandro Gertz Manero (83 años de edad), el titular de la Fiscalía General de la República. Las redes sociales se han inundado de comentarios sobre su salud, sobre su estancia en un hospital en Baltimore, sobre la necesidad de tener información fidedigna sobre las dolencias que lo aquejan y un largo etcétera.
No cabe duda que les asiste la razón a quienes sostienen que por tratarse de un alto servidor público de la Nación requerimos estar al tanto de su estado de salud, no como un tema de invasión de su vida privada, sino como un tema de Estado, pues de su adecuada condición física depende el desempeño de su cargo, que requiere mucha energía, mucho tiempo y muchísima dedicación.
Hace poco a Jill Biden, la esposa del Presidente de los Estados Unidos, le extirparon un tejido en la parte de arriba de un ojo, por la sospecha de que pudiera ser canceroso. La opinión pública norteamericana lo supo el mismo día, a través de un comunicado detallado y riguroso del médico que la atendió. En México preferimos la especulación, las teorías conspirativas y el ruido de las redes, en vez de la transparencia y los datos oficiales. Es otro signo de la grave inmadurez que aqueja a nuestro sistema democrático, que parece estar dirigido por infantes que están aprendiendo a conducir un coche y no por personas que son responsables de la prosperidad de la nación.
Pero aprovechando la polémica sobre la figura de Gertz Manero, vale la pena recordar que hay otro tema del que se ha hablado menos y que me parece infinitamente más relevante: el desempeño no del Fiscal General, sino de la Fiscalía como institución.
Recordemos que la actual Fiscalía es el producto de una reforma de lo que históricamente había sido la Procuraduría General de la República (PGR), que era una dependencia integrada en la administración pública federal y por tanto dependiente del Presidente. Actualmente se supone que es un ente dotado de autonomía constitucional, siguiendo un modelo de diseño copiado del que existe (y ha funcionado bien) en otros países, aunque en la práctica todo parece indicar que dicha autonomía es más formal que real.
Ahora bien, ¿cómo anda la procuración de justicia federal? ¿qué resultados ha dado este nuevo ente, creado recientemente y cuyo primer titular es precisamente Gertz Manero? ¿se han incrementado las carpetas de investigación, las acusaciones formuladas ante los jueces penales, las sentencias condenatorias, los años de cárcel para los más peligrosos delincuentes del país? ¿estamos logrando éxito en la investigación de delitos de alta complejidad, como delincuencia organizada, trata de personas, importación de armas, delincuencia corporativa, delitos fiscales, delitos contra el medio ambiente, delincuencia financiera, delitos de corrupción cometidos por servidores públicos de alto nivel? ¿tenemos indicadores sólidos del mejoramiento del desempeño de las fiscalías especializadas?
Pongo un ejemplo: en épocas pasadas se tenía información periódica de los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade); de su actual titular, que es José Agustín Ortiz Pinchetti (85 años de edad), y de su desempeño no se ha sabido nada desde su nombramiento. No quiere decir esto que no trabajen o que no estén dedicados en cuerpo y alma a su función, pero lo cierto es que no trasciende ningún dato para poder valorar su desempeño. Todo indica que han hecho de la opacidad y del secretismo su regla de actuación, en demérito de la obligada transparencia que exigen la Constitución, las leyes y los compromisos esenciales en todo sistema democrático.
Probablemente por eso es que llevamos tantos días hablando sobre la salud de Gertz Manero: porque de lo demás no hay datos ni elementos para conversar. Ya es hora de que exijamos comparecencias, información publicada y contrastable, comparación multianual de resultados, estadísticas confiables y todo lo que conlleva el desempeño de una función pública tan relevante en un Estado constitucional de derecho. Estamos en la completa oscuridad, no solamente respecto al personaje en cuestión (siempre rodeado de polémica, por malas razones), sino respecto al rumbo y la eficacia de la institución que encabeza. Me parece mucho más preocupante lo segundo que lo primero.
En todo caso, si es que en algún momento se requiere un cambio en la titularidad de la Fiscalía General, ojalá se busque un perfil más comprometido con la rendición de cuentas y que esté dispuesto a explicar a la ciudadanía los resultados de su trabajo.
Abogado constitucionalista
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