Desde el pasado 3 de octubre ya funcionan en todo el país los tribunales laborales que tienen a su cargo sustituir a las anteriores Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son una de las partes esenciales de la reforma laboral que, desde 2017, se viene impulsando en el país y que tiene su origen en diversas obligaciones adquiridas por el Estado mexicano con sus principales socios comerciales en el marco de la negociación del T-MEC. Ya están funcionando 148 tribunales laborales en los cuales ejercen funciones 305 personas juzgadoras.
Hay juzgados federales especializados en materia laboral en 41 ciudades, atendidos por 125 personas juzgadoras, quienes trabajan en las 111 salas de oralidad que ya están operativas para resolver asuntos individuales, a las que hay que sumar 15 salas de conciliación para atender asuntos de naturaleza colectiva (temas sindicales en su enorme mayoría).
Antes los procesos laborales tardaban en promedio cuatro años y medio en resolverse; hoy en día los juicios se están solventando en 6 meses.
Junto a las nuevas figuras encargadas de la impartición de la justicia laboral, cabe destacar el papel de los Centros de Conciliación, los cuales (tanto a nivel federal como local) tienen a su cargo la esencial tarea de arreglar de manera informal y expedita las controversias laborales. Existen ya en el país 151 centros de conciliación, en los cuales trabajan 763 personas conciliadoras. Hasta ahora se ha logrado mantener una tasa de acuerdo en la instancia conciliatoria que alcanza el positivo dato del 75% de los asuntos. En todos esos casos, la solución negociada se alcanza en menos de 45 días.
En la puesta en funcionamiento de la reforma laboral se han invertido más de 14,650 millones de pesos, pero los beneficios obtenidos (presentes y futuros) serán infinitamente mayores. Simplemente hay que tener presente que cada año se están recuperando a favor de los trabajadores más de 25 mil millones de pesos que se les adeudaban.
La reforma laboral ha permitido también una interesante dinámica de la vida sindical, mediante la legitimación de más de 8 mil contratos colectivos de trabajo; a través de los nuevos mecanismos de democracia sindical se ha consultado a más de 2 millones de trabajadores. La presencia femenina se abre camino en la vida sindical, reservada anteriormente a los hombres: existen hoy en día más de 122 sindicatos dirigidos por mujeres. Los contratos que ya han pasado por el actual proceso de legitimación exigido por la reforma laboral han representado un 5.7% de mejoramiento salarial respecto a unidades productivas semejantes o comparables.
Los datos anteriores, citados por Luisa María Alcalde y Esteban Martínez Mejía por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, son alentadores. Pero el camino por recorrer todavía es muy arduo. Se estima que hay un millón y medio de asuntos pendientes de resolución ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales ya no están recibiendo asuntos nuevos pero deben remontar un rezago histórico de proporciones gigantescas.
Por otro lado, las autoridades educativas siguen siendo muy lentas en el proceso de autorización de los cambios que con urgencia requieren los planes de estudio, para que los estudiantes de derecho aprendan las nuevas reglas del derecho laboral mexicano. Además, hay instancias gubernamentales (sobre todo a nivel federal) que no permiten llegar a acuerdos en la etapa de conciliación, con lo cual están demorando la resolución de los asuntos y a la vez sobrecargando a los tribunales especializados en derecho del trabajo. Urge que los directivos de entidades como el IMSS, el ISSSTE y Pemex, entre otros, revisen sus estrategias de defensa frente a demandas laborales, ya sea en su carácter de entes que proveen de seguridad social como en lo que les toca en su carácter de empleadores respecto a sus propios trabajadores.
En estos momentos no hay en México una reforma normativa de mayor alcance y calado que la referida a la materia laboral. Sus repercusiones son evidentes en la forma de trabajar de los profesionales del derecho, pero sobre todo se proyectan hacia los ámbitos económicos, sociales y hasta políticos del país. Si la reforma se consolida y tiene éxito, estaremos enviando el mensaje correcto, en el sentido de que vale la pena seguir invirtiendo y creando empleos en México, a la par de que se aseguren los derechos de las personas trabajadoras y empleadoras. Ese mensaje es necesario y diría incluso que urgente.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
@MiguelCarbonell