A lo largo de la historia las Constituciones han servido principalmente para reconocer los derechos humanos y para fijar los principios de la división de poderes. En fechas recientes, a esos dos grandes temas, se les han sumado otros temas, como por ejemplo los relativos a la economía de los países de que se trate.
En México las cláusulas económicas se encuentran en los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, que han sido objeto de diversas reformas en las últimas décadas. Hace unos días, el presidente López Obrador acaba de proponer una reforma precisamente a ese artículo 27 en materia de energía eléctrica y del mineral litio que ya ha generado severas advertencias por su carácter retrógrado, antiambientalista y confiscatorio. Las advertencias deben ser tomadas en serio, pues el riesgo de que la iniciativa se apruebe sin una adecuada consideración es muy alto.
La iniciativa propone prohibir cualquier forma de autogeneración de energía eléctrica y, en los hechos, deja a todo el país al servicio de un único actor en el mercado: la CFE, con todas sus luces y con todos sus problemas (incluyendo un enorme pasivo laboral, que conforme pase el tiempo es probable que se vaya haciendo cada vez más insoportable para las finanzas públicas del país).
La idea del presidente de eliminar a los órganos reguladores en materia energética le dejará un margen enorme de decisión al propio gobierno federal, por lo que la iniciativa ha sido justamente calificada como un manotazo en la mesa para concentrar todo el poder de la energía eléctrica en las manos del presidente en turno y de la persona a la que nombre al frente de la CFE.
En alguna declaración periodística, un alto funcionario del sector eléctrico ha señalado que los contratos actualmente existentes que fueron firmados conforme a las reglas vigentes desde 2014 serán anulados si la reforma se aprueba, lo que permite vislumbrar un sesgo confiscatorio que hará que México siga cayendo en todas las mediciones sobre atracción de inversiones extranjeras. Nadie querrá poner dinero en un país que, mediante una reforma constitucional, puede dejar sin efecto y de manera unilateral contratos firmados para una vigencia determinada. Ese golpe a la imagen internacional del país no se logrará superar en muchos años, representando una alargada y ominosa sombra para el futuro de la nación.
Por si lo anterior fuera poco, la iniciativa de reforma parece una apuesta por las energías más contaminantes, seguramente como expresión del desdén muchas veces manifestado por el presidente hacia la energía eólica.
Desde el punto de vista jurídico, habrá que ver cómo nos dejaría esa iniciativa, si es que llega a aprobarse, frente a los socios comerciales con los que tenemos firmados tratados de libre comercio, que siempre incorporan cláusulas de protección recíproca de inversiones. De hecho, ese tipo de disposiciones son la base sobre la que se construye la confianza entre los países o bloques comerciales para apostar por el libre comercio. Si las inversiones no están protegidas por los países firmantes, la confiabilidad de los países queda reducida a cenizas. Valdrá la pena lo que tengan que decir los socios del T-MEC y del tratado con la Unión Europea, pues en México hay inversiones importantes de países como Francia y Alemania en materia de electricidad.
Si a estas alturas hay quienes piensan que las empresas monopólicas de propiedad pública pueden hacer mejor su trabajo cuando no tienen competencia de la iniciativa privada, habrá que regresar a leer estadísticas básicas de nivel secundaria. Pero, además, en México las empresas públicas han estado marcadas durante mucho tiempo por ineficiencias, hechos de corrupción, enjuagues sindicales, manejos financieros opacos y administraciones clientelares. Volver a esos esquemas solamente puede suponer un salto hacia el pasado que no es conveniente y que va a suponer un duro golpe sobre todo para las generaciones más jóvenes de mexicanos.
¿Qué pasaría si hubiera una iniciativa semejante para que todas las señales de internet fueran administradas por el gobierno federal? ¿Permitiríamos desaparecer a las empresas privadas de telecomunicaciones que nos ofrecen el acceso a la red de redes? Desde luego que no. Por eso mismo tampoco es aconsejable aprobar la iniciativa presidencial en materia eléctrica. Los problemas del sector sin duda que deben ser atendidos y desde luego que hay mucho por mejorar. Pero no así. Por ningún motivo.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
