En los meses y semanas recientes se ha producido un intenso debate sobre el papel que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe jugar en el tema de protección de los derechos de las personas que enfrentan un proceso penal por la presunta comisión de uno o varios delitos.
Me parece que se trata de un debate sano para nuestro sistema democrático y que las críticas que se han expresado forman parte de las libertades que se deben ejercer siempre por parte de una ciudadanía muy consciente de sus derechos fundamentales.
Pero creo que, junto a tales críticas, debemos estar alertas sobre quiénes se las merecen en primer lugar. En casi todos los casos recientes, al menos en los que más atención mediática han recibido, la principal queja de los implicados tiene que ver con el abuso de la figura de la prisión preventiva, ya sea que se dicte con carácter oficioso o de manera justificada.
La prisión preventiva es un instrumento de privación de la libertad muy delicado, porque recae en personas respecto a las que se formula una acusación o -como dirían los penalistas- una imputación de carácter penal, pero que gozan de forma inequívoca de la presunción de inocencia. Es decir, se trata de una medida en la que la persona es encarcelada pese a que todavía no ha recibido una sentencia que señale que es culpable de haber cometido un delito.
Las causas por las cuales se pueden dictar tal medida se encuentran tanto en la Constitución mexicana como en el Código Nacional de Procedimientos Penales . Muchos expertos, incluyendo al presidente de la Suprema Corte y varios de sus ministros, se han pronunciado en el sentido de que la prisión preventiva que se impone con carácter oficioso (es decir, tomando en cuenta solamente el tipo de delito por el que se acusa a una persona, sin considerar otras circunstancias específicas del caso concreto) es abiertamente inconvencional. Tienen toda la razón. México se encuentra fuera de los parámetros internacionales en materia del debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa.
¿A quién se le debe reclamar la aplicación abusiva de la prisión preventiva? Seguramente los jueces de todos los niveles y jerarquías tengan una parte de responsabilidad, pero los primeros y más directos violadores de derechos humanos son quienes integran el poder legislativo en el Congreso de la Unión . Fueron ellos los que, hace años, incorporaron al texto del artículo 19 constitucional varios supuestos de aplicación “automática” de la prisión preventiva y han sido los actuales legisladores los que luego de la elección de 2018 ampliaron hasta límites intolerables (y con el visto bueno del Presidente de la República), tales supuestos.
Si somos congruentes en nuestros reclamos que exigen la “excarcelación” de personas a las que se les presume inocentes, debemos dirigir las siempre legítimas quejas a esos irresponsables violadores de derechos humanos que han hecho de la prisión preventiva un inaceptable castigo sin proceso, sin pena judicialmente determinada, sin pruebas debidamente desahogadas y sin posibilidades reales de defensa para quienes lo sufren.
Estamos frente a una de las medidas más autoritarias, represivas y peligrosas que existen. Las injusticias que pueden cometerse a través del abuso de la prisión preventiva podrían llenar bibliotecas enteras. Ya sea por corrupción de las fiscalías, por negligencia de la autoridad judicial que dicta la medida, por falta de rigor de quienes deben revisarla, o simplemente por la lentitud con la que se desahogan los procesos judiciales en México, los daños que se pueden causar con la prisión preventiva son enormes y siempre irreparables.
Debemos darnos a la tarea entre todos de reparar esa monstruosidad, acotándola debidamente para que se imponga solamente en los casos límite y de forma excepcional, como tantas veces lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Enhorabuena por todos los reclamos hacia los abusos de la represión penal, pero ojalá que quienes con tanta buena fe los formulan, sepan dirigirlos a quienes propiciaron en primer lugar tan graves atropellos, que no son otros que nuestros legisladores federales.
Si los representantes populares tuvieran un poco de vergüenza enmendarían a toda prisa la Constitución y la ley para evitar que se sigan cometiendo abusos con la prisión preventiva. Aunque quizá sea pedirles demasiado.
