El caso saltó a la luz porque lo vimos miles y miles de personas en un documental de Netflix. Cuatro personas habían sido acusadas sin pruebas de un supuesto secuestro en Tabasco y llevaban varios años encerradas en una cárcel de Tabasco. Una había salido en algún momento del proceso, pero el resto estaba cumpliendo una pena de 50 años de prisión.
La historia tenía rasgos que no son excepcionales para el sistema penal mexicano. La defensa de los acusados había sido deficiente. La fiscalía los había torturado mientras estaban detenidos. Las personas que los juzgaron no se pusieron exigentes ni con el tema de los malos tratos ni con la carga probatoria a cargo de quienes los estaban acusando. Las instancias oficiales se fueron trasladando la pelota, el tiempo pasó y de protegerlos ya nadie se acordaba. Hasta que llegaron las cámaras y los micrófonos, bajo la dirección de Roberto Hernández, y se puso ante la opinión pública la retahíla de abusos y de tonterías que rodean al caso.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer su facultad para atraer el asunto y hace unos días los integrantes de su Tribunal Pleno aprobaron por unanimidad el magnífico proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mediante el que se establecía de manera puntual y exhaustiva que los derechos humanos de los procesados habían sido violados desde la investigación y hasta las instancias judiciales previas que habían conocido del caso. Es muy importante destacar el carácter unánime de la decisión de la Suprema Corte, como una muestra de la absoluta arbitrariedad con la que se mantuvo privadas de sus derechos a tres personas durante siete años.
La sentencia de la Corte llega en muy buena hora para los afectados, pero debería ser el inicio de una gran discusión nacional que nos hemos negado a tener y que ya no debe posponerse más. En primer lugar, para no solamente poner en libertad a las víctimas de los abusos oficiales, sino para discutir sobre las medidas de reparación que se deben tomar para ellas y sus familias.
En segundo lugar, para tener claridad sobre las condiciones y los supuestos bajo los cuales se puede detener, acusar, procesar y sentenciar a una persona: asusta saber que con la declaración de alguien y unos cuantos elementos inconexos te pueden sentenciar a 50 años de prisión, sin que ningún operador del sistema penal pierda el sueño.
Hay fiscalías que no saben investigar y cuyos servidores públicos están ahí para extorsionar a quienes tengan la mala fortuna de caer en sus garras. Hay juzgadores que lo único que buscan es cumplir con la estadística que les exigen y que ruegan que les toquen puros casos fáciles, de esos que no salen en Netflix y de los que nadie se acuerda.
Hay una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado, mientras más de 90 mil personas duermen cada día en nuestras cárceles porque se les impuso una medida cautelar que los mantiene privados de su libertad mientras se les instruye un proceso penal (para esas personas tal parece que la presunción de inocencia y el debido proceso legal no existen).
El problema de fondo no es la violación estructural y masiva de derechos que pudimos ver en el caso de “Duda razonable”; el verdadero problema es que tenemos un sistema penal que sirve más bien para poco y que genera más problemas de los que resuelve.
Los esfuerzos de mejora que se han hecho sobre todo desde el año 2008 apuntaban en la dirección correcta, pero los operadores que los tenían que materializar en la práctica han dejado mucho que desear. No ha habido voluntad de mejorar las tareas de prevención del delito. La capacidad de los primeros respondientes está bajo el agua. Las fiscalías son máquinas burocráticas completamente deshumanizadas. Quienes juzgan prefieren cerrar los ojos ante los abusos evidentes y nadie parece querer llamarlos a cuenta. Así no se puede.
El sistema penal mexicano nos pone a todos en peligro. Esa es la gran lección del caso y que cada uno saque de ello sus propias conclusiones. Por lo pronto, felicidades a Roberto Hernández y a Iker Ibarreche que lograron revertir una historia de injusticias y de vulneración de derechos.
Abogado constitucionalista. @MiguelCarbonell
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