Frente a los enormes problemas que ha traído consigo la pandemia, a quienes se ha visto muy poco en el debate público es a los legisladores. Hasta el presidente de la República les tuvo que hacer un “fraterno” llamado de atención a los líderes parlamentarios de su partido por la escasa productividad. Tiene razón el presidente, pero habría que extender el reclamo también a los partidos de oposición e incluso, todavía con mayor razón, a los legisladores locales en las entidades federativas, que en muchos casos llevan meses prácticamente de vacaciones.
No solamente no hemos visto a los legisladores debatir en serio medidas económicas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, sino que ni siquiera han sido capaces de aprobar algo tan elemental como el marco jurídico indispensable para el llamado “teletrabajo” o trabajo a distancia.
Tampoco han tenido tiempo de revisar el marco jurídico que se requiere para el avance de la “justicia digital” o justicia en línea, la cual ha venido avanzando por el compromiso de algunos poderes judiciales, a través de acuerdos dictados por los tribunales superiores de justicia o por los consejos de la judicatura. Se requiere de un marco jurídico que proporcione la base legislativa indispensable para que exista certidumbre sobre las reglas que van a regir la justicia en línea.
Tampoco hemos visto un debate legislativo (ni propuestas, ni iniciativas viables) sobre uno de los problemas prácticos más importantes: la reapertura de las escuelas. Si no hay un plan viable y bien sustentado, la economía va a resentir un impacto mayor al que ya ha tenido. Y ese impacto será mayor para muchas mujeres, quienes tendrán que dejar de trabajar o podrán hacerlo menos tiempo, si tienen que hacerse cargo del cuidado de los niños.
Otro tema olvidado por los legisladores ha sido el de la salud mental. Nadie se ha preocupado por el impacto psicológico de las medidas de distanciamiento social, la angustia y ansiedad que han generado el cierre de negocios y escuelas, el enorme peso existencial que deriva de la incertidumbre sobre el futuro.
Lo que nos recuerda la enunciación de los temas señalados (y se les podrían sumar muchos más) es que los legisladores han claudicado de sus responsabilidades y han preferido dejar todo el peso de las respuestas institucionales a los demás poderes y órganos autónomos. Hemos visto un gran trabajo de instituciones como el Banco de México y el Inegi, que desde hace mucho tiempo se han caracterizado por su profesionalismo. Igualmente hemos visto resultados concretos del trabajo de la Cancillería. Pero respecto al ámbito de responsabilidad de los parlamentarios, existen más lagunas que aportaciones. Quizá estén los legisladores esperando a que simplemente pase el tiempo y llegue el mes de septiembre para retomar sus sesiones ordinarias. Habrán desperdiciado varios meses en los que el país necesitaba respuestas y en los que la población pasó (y sigue pasando) por uno de los periodos más convulsos de la historia reciente del país.
En tiempos extraordinarios, se esperaría respuestas igualmente extraordinarias. No es el caso de los legisladores, por desgracia para nosotros y para la vergüenza con la que ellos tendrán que cargar.
Posdata:
las filtraciones periodísticas de investigaciones en curso sobre presuntos hechos de corrupción generan problemas severos en términos del debido proceso legal. Recordemos lo esencial: la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso deben ser para toda persona, incluso si en efecto hubieran cometido actos de corrupción. Que nadie olvide que la responsabilidad penal se debe acreditar ante un juez, luego de haber aportado pruebas suficientes. De nada o de muy poco sirve hacer linchamientos mediáticos, salvo que queramos que en vez de hacer justicia se haga simplemente un circo justiciero, que es algo muy diferente.
Investigador del IIJ-UNAM.
www.miguelcarbonell.me
