Sigue adelante la tramitación parlamentaria del llamado “Plan B” de reforma electoral, impulsado desde el gobierno federal y apoyado por el partido que impulsó al actual Presidente de la República . Todos los analistas que han comentado ese proyecto han señalado sus debilidades y su carácter inconstitucional. Es tan evidente lo pernicioso del intento de regresión, que ya están presentadas diversas impugnaciones ante la Suprema Corte y otras muchas más han sido anunciadas para presentarse cuando se publiquen las modificaciones que están pendientes.
El próximo domingo 26 de febrero se han programado diversas manifestaciones públicas de repudio a la reforma y en defensa de la actual institucionalidad electoral. En la Ciudad de México la manifestación principal se concentrará en la plaza del Zócalo, un lugar que en el pasado ha sido emblemático para los militantes del actual partido en el gobierno.
La manifestación en el Zócalo y en decenas de ciudades del interior del país será un ejercicio de responsabilidad cívica y de libertades ciudadanas. En todo sistema democrático es normal, y merece reconocimiento y aplausos, que la ciudadanía salga a las calles y exprese sus puntos de vista sobre temas de interés general. Nadie debería sorprenderse por eso, especialmente quienes llevan años o incluso décadas viviendo políticamente de las rentas que ofrece la movilización social. Una ciudadanía activa y alerta es un elemento indispensable para la fortaleza democrática de cualquier país.
Lo curioso es que todo el debate sobre el “Plan B” parece producto de una necedad o de un imperativo autoritario para doblar a una institución como el INE , que se encuentra a la cabeza de la calidad institucional de México y cuyo desempeño ha sido calificado como ejemplar dentro y fuera de nuestro país.
Pero además parece un sinsentido histórico querer reformar instituciones que funcionan bien, cuando hay tantísimas otras cosas que deberían arreglarse de manera urgente y cuyo mejoramiento requeriría de todo el tiempo y la energía disponibles de nuestros líderes políticos.
La construcción de la democracia electoral mexicana nos ha llevado décadas y ha requerido de cuantiosas inversiones. Pero los beneficios han sido enormes. México ha logrado transitar de un régimen autoritario, caracterizado por una ausencia casi total de pluralismo partidista, a un país en el que ha habido múltiples procesos de alternancias de gobierno, tanto a nivel federal como local. La oferta partidista sigue siendo mediocre, pero es mucho mejor que la que teníamos hace 50 años cuando existía solamente un partido hegemónico que controlaba todo a partir de la configuración de un presidencialismo autoritario.
No parece que existan argumentos para tirar esos avances por la borda. Seguramente habrá cuestiones que se puedan mejorar y ahorros que se deban realizar a nivel de la institucionalidad electoral, pero tenemos autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia que hacen muy, pero muy bien su trabajo.
De hecho, llama la atención que teniendo nuestros legisladores federales tantas leyes pendientes de ser dictadas, se enfoquen en un tema que no es urgente y ni siquiera es necesario. Sería mucho mejor que se pusieran a cumplir con los mandatos de la Constitución y de la Suprema Corte, para que todos los mexicanos contemos con la muy urgente Ley General de Aguas , con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias, la Ley General de los Registros Civiles, la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, y un largo etcétera que sigue esperando que los legisladores se pongan a hacer su trabajo. Vaya, ni siquiera han podido dar cumplimiento a lo que les han ordenado varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En todo caso, a los ciudadanos nos corresponde utilizar las herramientas que nos proporciona la ley para defender a nuestra amenazada democracia. Nunca hemos tenido una democracia robusta y consolidada, pero al menos hemos construido una cancha electoral bastante buena. Eso es lo que hay que cuidar y eso es lo que amerita estar atentos y pendientes sobre la aprobación del “Plan B”.
Una buena forma de hacerlo es saliendo el próximo domingo a expresarnos con libertad, acompañados de cientos, de miles o quizá incluso de decenas de miles de compatriotas a los que también les preocupa el rumbo de la nación. Marchar de manera pacífica es un excelente ejercicio de responsabilidad democrática. No faltes.
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@MiguelCarbonell
