Todo sistema democrático requiere, para su correcto funcionamiento, de la existencia de órganos de vigilancia y de garantía. La estructura de los Estados modernos se basa en el principio de la división de poderes, a partir de la cual existen mecanismos de pesos y contrapesos que buscan frenar los excesos del poder y someter al derecho la actuación de los órganos públicos.
Lo anterior viene a cuento porque en estos días han comenzado a llegar y seguirán llegando las impugnaciones al llamado “Plan B” de la reforma electoral, del cual los expertos en la materia han señalado preocupantes rasgos regresivos e incluso inconstitucionales. De tales impugnaciones van a conocer nuestros juzgadores federales, tanto en el ámbito de competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , como en lo que respecta a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No parece casual que, en este contexto tan delicado, se hayan observado las típicas campañas de linchamiento en redes sociales hacia integrantes del INE , hacia la ministra presidenta de la Suprema Corte y hacia los magistrados del tribunal electoral. Son campañas burdas, claramente identificables en su origen y financiamiento.
Por reprochables que sean, lo peor no son las campañas en redes sociales, sino el eco que se les hace en algunos posicionamientos desde los órganos del poder. Hemos escuchado al Presidente de la República , que parece decidido a romper todos los récords mundiales de exabruptos cotidianos, arremeter contra la ministra Piña a cuenta de algunas decisiones que en estos días han tomado diversos juzgadores federales de instancias inferiores a la Suprema Corte, ignorando que en nuestro sistema jurídico los jueces no son ni empleados ni subordinados de quien ocupa la Presidencia de la Suprema Corte , sino que tienen autonomía constitucional para tomar sus decisiones, las cuales en su caso podrán ser impugnadas por quienes consideren que no fueron correctamente dictadas.
Hemos escuchado al presidente de la República llamar “corruptazo” al ministro en retiro José Ramón Cossío, compañero de estas páginas de EL UNIVERSA L, por haber encabezado una masiva manifestación ciudadana que llenó el Zócalo capitalino hace unos días. Uno podrá tener afinidades o discrepancias con los criterios jurídicos del ministro Cossío, pero nadie duda de que se trata de una de las mentes más privilegiadas de la historia del derecho mexicano y una de las personas que, días tras día, más aportan al debate público nacional sobre temas jurídicos. La descalificación presidencial evidencia una notoria mala fe.
Y desde luego hemos escuchado las descalificaciones que se vienen profiriendo desde hace tiempo contra algunos integrantes del INE, señaladamente contra el consejero presidente Lorenzo Córdova y contra el destacado académico y también consejero electoral Ciro Murayama. Los ataques contra la institucionalidad electoral son lamentables y demuestran una falta de congruencia personal bastante notable en el presidente de la República, ya que en buena medida el sistema electoral que tenemos es producto de las exigencias de reforma que en su etapa en la oposición había defendido el propio AMLO. Sabemos que el presidente no se caracteriza por su buena memoria (es de “memoria selectiva”, por decirlo de manera educada), pero debe asesorarse antes de golpear y descalificar a los integrantes del INE, que es una de las instituciones sobre las que descansa la legitimidad del sistema político mexicano.
En todo caso, lo importante es que la sociedad mexicana no se deje llevar por los dimes y diretes propios de la mezquindad que caracteriza a una parte de nuestra clase política, sino que respalde hoy como nunca a las instituciones que salvaguardan la precaria democracia mexicana.
Dejemos que sean los jueces los que, con base en razonamientos jurídicos y con la adecuada motivación de sus sentencias, nos digan si es o no constitucional el “Plan B”. Esa es la tarea del Poder Judicial en cualquier sistema democrático: dirimir los conflictos que llegan hasta su mesa, con apego a las normas jurídicas aplicables y explicando de manera clara el sentido de sus fallos.
Evitemos descalificar a quienes están intentando hacer bien su trabajo, desde los ámbitos de responsabilidad que les corresponden. Ojalá que desde el púlpito presidencial exista no solamente un mínimo de coherencia, sino que todos podamos estar a la altura de las circunstancias que nos exige el país. No depende solamente de nuestros políticos, sino de la sociedad entera.
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@MiguelCarbonell