Nadie que conozca la historia política reciente de México puede estar en contra de la existencia de los órganos dotados de autonomía constitucional. Nadie.
Dichos órganos realizan tareas fundamentales dentro del Estado mexicano que justifican sobradamente su existencia. Desaparecerlos o menguar su autonomía significaría un grave retroceso en la construcción democrática del país.
Supongo que nadie quisiera restarle autonomía al Banco de México y depositar la política monetaria del Estado mexicano otra vez en la Secretaría de Hacienda. De la misma forma nadie en sus sanos cabales regresaría el reloj de la historia nacional para que fuera la Secretaría de Gobernación la que organice las elecciones y cuente los votos (aunque a don Manuel Bartlett seguramente le pueda resultar simpática esta idea y esté muy dispuesto a promoverla, en añoranza de sus años mozos).
Organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso, en un nivel de autonomía funcional de rango legislativo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), son conquistas no de nuestros gobiernos, sino de la gente. Si están previstos en la Constitución o en las leyes es porque tienen a su cargo la delicada tarea de proteger los derechos humanos de todos nosotros.
Cuando se les ataca, cabría entonces pensar, ¿no se estará más bien disparando contra el orden constitucional que los funcionarios públicos protestan acatar cuando toman posesión de su cargo? ¿Hace falta que se les recuerde una vez más el contenido del artículo 128 constitucional, para que sean respetuosos de lo que establece la Carta Magna?
Y no se trata solamente de impedir que los órganos constitucionales autónomos desaparezcan. Se trata de respetar a cabalidad su autonomía, de dotarlos de recursos suficientes para que pueda hacer su trabajo, de fortalecer sus facultades para que logren todas sus metas y justifiquen sus propósitos, de nombrar como sus integrantes a personas que sepan de los temas que deban atender y un largo etcétera. No queremos que los órganos constitucionales autónomos existan solamente de forma decorativa, sino que sean fuertes y que trabajen en serio.
Todo lo anterior no es obstáculo para revisar lo que se tenga que revisar en torno al desempeño de cualquier órgano autónomo. Seguramente hay aspectos de su gestión que se puede mejorar. No dudo que haya habido despilfarro de recursos en alguno o algunos de ellos. Para eso están las instancias competentes que revisan su quehacer, ya sea a través de recursos judiciales que se presenten en contra de sus decisiones o por medio de la revisión del gasto público que realiza de manera permanente la Auditoría Superior de la Federación, a la que todos deben reportarle.
Si alguien sabe de alguna inconsistencia debe denunciarlo, sobre todo si se trata de un servidor público. Si no es así, no se vale que en conferencias de prensa o en declaraciones irresponsables se le denoste y se les ataque, como si se estuviera preparando a la opinión pública para un embate legislativo o presupuestario que ya se tiene preparado.
En particular, resulta extremadamente sospechoso que el INE vuelva a estar en la crítica de ciertos actores políticos, en vísperas del arranque del proceso electoral que habrá de culminar con la elecciones de miles de cargos públicos el próximo año. Cualquiera sabe que el INE ha construido un servicio civil de carrera ejemplar a lo largo de los años y que la organización de las elecciones que tiene a su cargo ha sido puesta como ejemplo a nivel internacional. ¿Qué intentan los que atacan a su Consejero Presidente o a cualquiera de sus integrantes? ¿Dichos ataques se basan en datos objetivos o buscan camuflar más bien la indigestión que les produce a los políticos que un órgano sea autónomo y no obedezca a sus mandatos?
Yo celebro que el INE sea un órgano autónomo y que sus integrantes defiendan la autonomía que les otorga la Constitución. Lo que debemos hacer los ciudadanos es apoyarlos, porque de esa manera vamos a preservar la democracia mexicana, siempre tan débil y tan precaria, siempre atacada por actores políticos de ínfimo nivel y a los que la historia seguramente no recordará (y si la historia los recuerda, será como comparsas de una involución política que debemos impedir a toda costa). Lo que está en juego no es solamente el INE, sino algo mucho más importante: la Constitución mexicana. Hay que estar listos para defenderla.
Investigador del IIJ-UNAM.
