La semana pasada se produjo un importante pronunciamiento conjunto de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral para defender la dotación presupuestal que reciben y señalar que para el año 2024 se está ante la necesidad de contemplar un aumento del 4% a la misma.
La postura del Poder Judicial Federal se da en el marco de una constante tensión entre los poderes federales, avivada por señalamientos totalmente injustificados en las conferencias de prensa del Presidente de la República y por algunas intervenciones de ciertos legisladores que demuestran, antes que nada, una profunda ignorancia respecto al funcionamiento del Estado constitucional de derecho y del principio de división de poderes.
Nadie niega que la impartición de justicia en México cuesta y cuesta mucho. Es cierto. Pero también lo es que se debe considerar, al menos respecto de la justicia federal, que se trata de una tarea que abarca un país enorme, que se tiene que desplegar en condiciones adversas en muchos casos (hay muchas personas juzgadoras que viven amenazadas por el crimen organizado) y que requiere tener sueldos decorosos para remunerar cargas de trabajo que exigen grandes sacrificios personales y familiares.
Pero además, el Poder Judicial Federal en los años recientes ha tenido que sumarse a la implementación de importantes reformas que, habiendo sido aprobadas por los legisladores, les incrementan de manera importante la carga de trabajo. Tal es el caso de la reforma del proceso penal acusatorio y oral por mandato de las modificaciones de 2008, 2013 y 2014; o lo relativo al nuevo modelo de justicia laboral puesto en marcha a partir de las reformas de 2017 y 2019. También hay que considerar que está en curso de implementación la reforma a la justicia civil y familiar, derivada de las nuevas reglas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A todo eso hay que sumar las necesidades presupuestales que derivan de las contiendas electorales que se darán a lo largo de 2024 y que también serán objeto de análisis y revisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual tendrá que resolver miles de impugnaciones a toda velocidad y salvaguardando la certeza jurídica que todos deseamos para unos comicios que se avizoran muy aguerridos.
Los estándares internacionales en materia de independencia judicial (fijados por la ONU y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos), señalan que es indispensable asegurar garantías salariales para las personas juzgadoras, de forma que no se les pueda presionar con disminuciones salariales como una forma de expresar el desacuerdo de los poderes políticos respecto de alguna decisión tomada.
De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el presupuesto del Poder Judicial se debe revisar de manera progresiva, es decir, sin que haya retrocesos en la garantía salarial y en el apoyo presupuestal que se establece para el desempeño de la tarea de impartir justicia. La ONU ha propuesto que en las Constituciones de los países que la integran se establezca un porcentaje fijo e irreductible del presupuesto nacional para los poderes judiciales, de forma que se evite caer en escenarios de presiones, amenazas y negociaciones.
El Relator de la ONU para la independencia de los jueces ha señalado que toda reducción del presupuesto asignado al poder judicial debería contar con su consentimiento o con el visto bueno del órgano que tiene a cargo su administración.
Contar con dotaciones salariales estables e irreductibles, así como con los medios materiales indispensables para desarrollar su tarea, son condiciones esenciales de la independencia judicial. Que dicha independencia exista nos conviene a todos, pues cualquier persona puede ser sujeto de un proceso judicial y desearía ser juzgado en condiciones de imparcialidad y con apego a los más altos estándares del debido proceso.
Es más, la historia del país nos recuerda que quienes hoy en día están tomando decisiones, quizá mañana tengan que acudir a defenderse ante un tribunal. La vida da muchas vueltas y nadie debería olvidar que el ejercicio del poder público es transitorio y así como hoy en día parecen tener todo el poder, el día de mañana lo tendrán otras personas, con intereses diferentes. Por eso es mejor apostarle al respeto institucional y no a la asfixia presupuestal de uno de los poderes de la unión.
Abogado constitucionalista. @MiguelCarbonell
