Vaya por delante una primera e insoslayable aclaración: desde que fue dada a conocer la redacción de la pregunta propuesta por el Presidente de la República para la consulta popular, teniendo por objeto investigar y juzgar a cinco expresidentes, me pronuncié sobre su evidente inconstitucionalidad. Luego de la sesión de la Suprema Corte de la semana pasada, me reitero en el mismo criterio: tal como estaba planteada la pregunta resultaba violatoria de nuestra Carta Magna.
Al revés de lo que han dicho algunos analistas, creo que la Corte nos dio la razón a los que argumentamos sobre la inconstitucionalidad. Tan es así que la pregunta finalmente aprobada por los ministros y ministras atiende a varios de nuestros cuestionamientos.
Por ejemplo, dijimos que mencionar los nombres de quienes se iba a investigar violaba la presunción de inocencia. La nueva pregunta ya no menciona a nadie por nombre.
Dijimos que el planteamiento de investigar “delitos”, conforme a la exposición de motivos firmada por el Presidente de la República, violaba el principio de taxatividad penal. La nueva pregunta ya no habla de delitos, sino del “esclarecimiento de decisiones políticas”.
Dijimos también que ninguna consulta popular debía servir para cobijar venganzas políticas, porque eso se engloba en lo que muchos tribunales del mundo han llamado el “desvío del poder”, que consiste en utilizar herramientas jurídicas para lograr fines que les son ajenos, vinculados con agendas político-partidistas. También en ello la Corte nos dio la razón.
De modo que estimo que la Corte claramente rechazó la pregunta presentada por el Presidente y zanjó en seco el deseo de lanzar una campaña de linchamiento contra cinco personas. Lo ideal hubiera sido que, una vez llegados a ese punto, la Corte hubiera prohibido realizar consulta alguna para ver si se cumple o no la ley, punto sobre el cual ya se han pronunciado con gran claridad varios de los mejores juristas del país (como José Ramón Cossío, Diego Valadés e incluso Sergio García Ramírez en estas mismas páginas de EL UNIVERSAL), aduciendo argumentos que suscribo en términos generales.
La mayoría de los ministros decidió que sí hubiera consulta y la habrá. No queda claro para qué efectos (¿será o no vinculante? En caso de que lo sea, ¿para qué autoridades y con qué alcance?) y hay incluso dudas sobre la fecha exacta, pero lo que es cierto es que en el año 2021 acudiremos a las urnas para refrendar lo que varios de nosotros hemos sostenido desde hace meses: se tiene que investigar a cualquier persona respecto de la cual existan elementos probatorios que permitan inferir que pudiera haber cometido una conducta ilegal, para deslindar responsabilidades penales, administrativas o incluso políticas (éstas últimas podrían dar lugar a un juicio político y a la correspondiente inhabilitación para ejercer cualquier cargo público).
Ningún exservidor público, del rango que sea, está protegido por el fuero constitucional. Se les puede investigar y juzgar en cualquier momento. De hecho, si cualquier persona tiene elementos de prueba sobre su presunta responsabilidad, está obligada a presentarlos, según lo ordena el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ello no hace falta desahogar ninguna consulta.
En esa virtud, todos los que señalan que hubo clamorosos actos de corrupción en los sexenios anteriores deben por congruencia personal dar el siguiente paso y presentarse ante una fiscalía de justicia a efecto de que se levante la denuncia de hechos correspondiente, se aporten los indicios necesarios y se instruya la investigación que corresponda. Eso es lo que hay que hacer, si de verdad se quiere someter ante la justicia a cualquier exfuncionario público. Si lo que en realidad se busca es hacer un enorme show con afanes de tipo metajurídico, lo procedente entonces es seguir engañando a la gente por medio de la convocatoria a consultas que no son necesarias en modo alguno.
Lo que sí debemos procurar, sin embargo, es no dejar de expresarnos respecto a la consulta que se convocará el próximo año. Yo adelanto que votaré a favor de que se cumpla la ley y se investigue todo lo que se deba investigar, incluyendo a gobernantes de sexenios anteriores y a los actuales, para no dejar pasar nada indebido que pudiera existir. Creo que cualquier persona que crea en el Estado de derecho debe votar a favor y todos los partidos deben apoyar esa postura. Ya que la consulta la pagaremos entre todos y no saldrá para nada barata, lo peor sería que las urnas se queden vacías. Exijamos que se hagan a un lado las excusas y pidamos de forma democrática que se investigue a todos, sin distinciones de ningún tipo.
