Hoy, por tercer año consecutivo, durante el Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en materia de derechos de autor, empresarios, titulares de dependencias federales, representantes de la sociedad civil y especialistas hemos sido convocados por Concamin y Canacintra para analizar las causas, riesgos y efectos de la piratería y, así, buscar soluciones que se traduzcan en acciones para combatirla transversalmente. A continuación algunas reflexiones que compartiré con mis compañeros de panel.

La piratería, entendiendo por tal el uso y aprovechamiento indebido y no autorizado de derechos de propiedad intelectual, no es otra cosa que el robo de los activos de mayor valor e importancia económica de un emprendedor, investigador, diseñador, una pyme o de una gran empresa. Es el vil robo de los frutos de la innovación y creatividad que no sólo daña a su legítimo titular y cuyas repercusiones van desde lo económico y lo social hasta poner en riesgo la salud de personas.

En el terreno económico podemos destacar el daño que este delito hace al comercio global. De los múltiples análisis con los que se cuenta, destaca el publicado (marzo de 2019) por la OCDE y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), y del cual se desprende que el valor de mercancía pirata asegurada en las aduanas del mundo en 2016 ascendió a 509 mil millones de dólares, que equivale a 3.3% del comercio global de ese año. Con los resultados de dicho reporte se confirma que la piratería daña la economía de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de sus empleados y familias, de comunidades e, incluso, de países. Las pérdidas para las empresas y para los Estados son enormes: desde la disminución de ingresos por perder ventas y dejar de percibir impuestos, respectivamente, hasta la disminución de inversión y falta de generación de empleo.

Las consecuencias negativas transgreden lo social y sobretodo al Estado de derecho, al cual la piratería ha hecho mucho daño, pues ha conseguido la aceptación de la mayoría de la población al considerar, entre otras cosas, que no hay víctimas.

En el caso de México, varios estudios indican que ocho de cada 10 consumidores adquieren productos apócrifos a sabiendas y estando convencidos “de no hacer daño”. Esta aceptación social hace que, guardando las debidas proporciones, el combate a la piratería sea mucho más difícil respecto de otros delitos, los cuales, incluso los de gran escala, son financiados por las grandes ganancias a muy bajo riesgo, que aquélla reporta.

La salud e integridad de las personas no escapan a este ilícito. Piratas encontramos desde medicamentos y dispositivos médicos y dentales; juguetes con materiales que contienen sustancias tóxicas o piezas demasiado pequeñas; refacciones para automóviles e incluso aviones, hasta partes de escaleras eléctricas que de fallar y zafarse, pueden causar mutilaciones y hasta la muerte.

Así como la piratería de marcas, patentes, diseños o derechos de autor se manifiesta en un sinnúmero de productos y de diversas maneras, su análisis y estrategia de combate debe ser multidisciplinario, desde diferentes ángulos y bajo diversas lupas; los involucrados deben asumir cada cual su rol y tarea.

La piratería no sólo se combate con operativos en las calles o tianguis, también se ataca en los puertos de entrada al país por la autoridad aduanera y con campañas masivas en medios tendientes a inhibir la demanda de estos productos. Puedo anticipar la primera conclusión del diálogo que hoy sostendremos: El combate a la piratería no sólo corresponde a la autoridad, es responsabilidad de todos.

Consultor especialista en protección de innovación y Propiedad Intelectual.

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