Este pasado viernes y tras cinco días de pláticas, que en principio sólo eran tres, concluyó la decimosegunda Conferencia Ministerial (CM12) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual, al coincidir con una semana de caos bursátil y financiero, pasó desapercibida.
En el comunicado de prensa de conclusión, una OMC optimista informa que la CM12 logró “un conjunto de resultados comerciales sin precedentes”, el llamado “Paquete de Ginebra”.
En materia de propiedad intelectual (PI), los resultados se quedaron cortos, pues se pudo haber puesto fin total a las propuestas y posturas engañosas respecto al rol e interacción de la PI y la pandemia, y liberarla de toda responsabilidad respecto a los problemas relativos a la accesibilidad y distribución de vacunas.
La interacción entre PI y pandemia era uno de los temas en la agenda bajo dos vertientes: la exención de ciertos derechos ante el Covid-19 y, ante la experiencia, la manera en que la OMC deberá responder a futuras pandemias. En su discurso inaugural, la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, solicitó, ante un tema nada fácil y tras dos años de difíciles discusiones, voluntad política para lograr una respuesta a la pandemia y lograr el acceso asequible a vacunas y contramedidas médicas.
Si bien la OMC refrenda su compromiso con la PI, su importancia –demostrada– y a la necesidad de protegerla como fortaleza de la capacidad productiva científica y tecnológica necesaria para hacer frente a disrupciones como las que vivimos, resulta incongruente que no aprovechara la oportunidad para dar carpetazo a los temerarios y obsoletos argumentos tendientes a satanizar a los derechos de PI, en especial a las patentes.
La OMC iba por buen camino. Respecto a la propuesta indo-sudafricana de exención de los derechos de PI para hacer frente a la pandemia, presentada en 2020, la PI salió avante.
De todos los derechos que abarcaba la propuesta, se limitó a las patentes; y de todos los productos pretendidos, éstos se limitaron a las vacunas.
De igual manera, y no obstante las mínimas adiciones y aclaraciones formuladas, se confirmó que el régimen existente desde hace ya varios años en torno a las limitaciones (no exenciones) a los derechos de PI para hacer frente a emergencias, no solo está vigente, sino que es suficiente. Si a lo anterior se suma el hecho de que durante dos años de discusión y no obstante peticiones expresas de varios miembros –México entre ellos–, no se presentaron análisis y pruebas que demostrasen que la PI era uno de los obstáculos a la accesibilidad de las vacunas, la OMC tenía todos los elementos para dar respuesta y acabar de una buena vez con la mencionada propuesta.
No obstante que el sistema de PI hubiese podido librarse de dicha propuesta, la declaración ministerial no solo no señala tajantemente que la PI no es obstáculo a la accesibilidad de vacunas, sino que se abrió la puerta para que en seis meses se discuta si debe haber algún pronunciamiento para sumar la producción y el suministro de medios de diagnóstico y tratamientos contra el Covid-19.
El tema debió haberse concluido con una simple y firme declaración, destacando que gracias a la PI es que se puede contar con los medios para hacer frente a pandemias, y que, ante eventuales obstáculos, el mismo sistema, en aras de la salud, contempla las medidas para hacerles frente y superarlos.
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