Coincidencia o no, justo unos días después de celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril), la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publica el famoso ‘Reporte Especial 301’, mismo que deriva de una revisión del estado que guarda la protección, observancia y defensa de los derechos de propiedad intelectual (PI) por parte de sus principales socios comerciales.
Concluidas las investigaciones y consultas a los titulares americanos de derechos de PI, respecto a su experiencia del funcionamiento del sistema en cada uno de los países analizados, la USTR clasifica a los países según sus deficiencias y áreas de oportunidad en tres categorías: vigilancia, vigilancia prioritaria y sanciones económicas.
De este reporte se desprenden varias reacciones. Para unos, no pasa de ser un ejercicio unilateral de un estado que confirma la “extraterritorialidad” de sus acciones; para otros es temido, pues dirige el reflector a aquello que pone en riesgo o dificulta el sano ejercicio de los derechos de PI.
Para quienes formamos parte del sistema de PI de México, el reporte reviste gran importancia. No podía ser de otra manera al tratarse no sólo de nuestro principal socio comercial, sino el mayor usuario en el IMPI del sistema de patentes y el segundo del sistema de marcas. Para algunos es la oportunidad de ver si las quejas elevadas a titulares americanos repercutieron en el reporte; para otros representa una herramienta para exhibir aquello que debe ser atendido o mejorado.
En México, y desde el lado de los usuarios, salvo honrosas excepciones, no hemos sabido sacar provecho del reporte para atender todas las áreas de oportunidad que de él se derivan. No hemos reparado en que, además de informar, el multirreferido documento es un catalizador para mejorar en la protección y observancia, tanto en lo físico como en lo virtual.
En 2022, mientras que Argentina, Chile y no se diga Venezuela, junto con China (país al cual dedica más páginas el reporte), se encuentran en la categoría de vigilancia especial, México continúa –como desde hace ya varios años– en la categoría de vigilancia.
Tal y como ocurrió en 2021, se reconoce a México la armonización de su legislación en materia de PI a los estándares del T-MEC. Se reconoce que en varias materias hubo avance, como en la protección de los secretos industriales.
Las deficiencias apuntadas, salvo la que más adelante se abordará, no causan sorpresa. Destaca la falta de recursos, tanto humanos como económicos, para hacer frente no digo al cáncer, sino a la metástasis de la piratería, y si esto lo llevamos a lo digital, la falta de experiencia y capacitación del reducidísimo número de personal adscrito agrava la situación. De igual manera, se insiste en el exagerado tiempo que toman los casos de PI en ser resueltos.
Algo que fue nuevo en este reporte es la preocupación por parte de nuestro vecino del norte en los Tianguis del Bienestar, en los cuales podrían ponerse a la venta productos infractores de derechos de PI. El diálogo con las autoridades está abierto para documentar el gran desacierto que sería poner a la venta dichos productos.
El ‘Reporte Especial 301’ edición 2022, que en gran parte coincide con análisis domésticos, como el elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano y la AmCham México, debe ser aprovechado para mejorar nuestro sistema. Está en quienes nos desenvolvemos en la materia, como las asociaciones y capítulos respectivos de las cámaras, dialogar y convencer a nuestras autoridades sobre la conveniencia y lo redituable de proteger y defender adecuadamente los derechos de PI.
¡Manos a la obra! Es de todos el asegurar una adecuada protección y defensa de los derechos de PI. Por supuesto que tiene costo, pero las ganancias –económicas y sociales– lo superan por mucho.
Twitter: @MA_Margain
