Corría ya el 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual (PI), cuando en la Cámara de Diputados comenzó la encarnizada discusión y posterior aprobación por 257 diputados, de lo que será, previa promulgación y publicación, la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
No obstante la solicitud de suspensiva de varios diputados de los 208 que se pronunciaron en contra, la votación se llevó a cabo. Poco importó que tan sólo 48 horas antes hubiese sido presentado un dictamen tan importante y trascendental para el desarrollo, progreso y bienestar del país.
Si el trámite en la cámara baja fue, a decir de Salomón Chertorivski, desaseado, el Senado no se quedó atrás. Las protestas y posibles futuras controversias sobre la instalación y conducción de la sesión en la que 48 senadores votaron a favor ensombrecerán la que será nuestra nueva ley de ciencia y tecnología.
En materia de PI, un conocido recién me dijo: “has de estar muy contento, la nueva ley da mayor visibilidad a tu materia”. No sé a qué precisamente se refería. Si hay menciones de ella, ya como PI en lo general, o seccionándola en derechos de autor y propiedad industrial, es cierto: la nueva ley tiene más que la actual.
Si fuese por cantidad, la ley de 2023 hubiese sido un gran regalo para la PI. Se agradece, pero falta mucho para que siquiera fuese suficiente. Lo que importa es el fortalecimiento y utilización del sistema, a través de los beneficios que de él se obtienen a la luz de la realidad de la segunda década del siglo XXI y no de aquello esperado en la década de los 70.
Es loable la inclusión de la protección y observancia de los derechos de PI como una de las bases para formular políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. También merece reconocimiento que el Sistema Nacional de Información no sólo vele por dichos derechos, sino que se le encomiende su promoción.
Se aplaude que el interés nacional y el bienestar del pueblo de México guíen y sean los beneficiados, como lo han sido, del sistema de PI.
Se entiende que, tratándose de derechos de PI provenientes de proyectos financiados con fondos públicos, el Estado participe de ellos; lo que no se entiende es la regla general por cuanto a que la titularidad corresponda al Consejo Nacional. Esto lleva a despedirse de aquellos fondos con participación pública destinados al patentamiento que, si bien requerían que la invención tuviese efectiva aplicación en tal o cual sector productivo de tal o cual región del país, no obligaban de manera alguna a transferir la titularidad.
Se entiende que los principios del movimiento de regeneración que actualmente nos gobierna permeen en la nueva ley; lo que no se entiende es la omisión de incluir, en una ley de innovación, disposiciones relativas a la comercialización de la PI. Incongruencia total. Innovación que no llega a comercializarse no puede considerarse como tal; la moneda de cambio, los derechos de PI.
Si bien la nueva ley alude a la vinculación, hubiese sido mejor y más práctico referirse de manera enunciativa a asociaciones estratégicas, unidades de vinculación y transferencia del conocimiento, formadas conjuntamente por los sectores público y privado. Incluso, incluir nuevas empresas privadas de base tecnológica, no contravendría los principios antes aludidos, ni mucho menos la soberanía nacional.
¿Qué será de los investigadores, creativos o innovadores públicos? En la actual ley se dispone que podrán recibir hasta 70% de las regalías que se generen por la comercialización de los derechos de PI. En la nueva ley se habla de que podrán participar de los excedentes que se generen de las regalías, las cuales, por cierto, están previstas para integrar el patrimonio del Consejo.
Esperemos que, en el aplicar e interpretar (esto sí muy innovador, pues esta facultad era propia del Poder Judicial) la ley, el Consejo Nacional tome en cuenta las buenas prácticas que en materia de ciencia y tecnología tienen nuestros vecinos y socios norteamericanos, así como nuestros pares en OCDE, MIKTA y APEC.
Consultor especialista en protección de innovación y propiedad intelectual, socio en Pérez Correa González Asociados
Twitter: @MA_Margain