En Club de Cuervos, Chava Iglesias representa el arquetipo del líder que, con poca preparación, toma decisiones basadas más en su popularidad que en un análisis profundo de las consecuencias. Un momento destacado de la serie es cuando Chava, en su intento por ser gobernador, minimiza la piratería, sugiriendo soluciones simplistas que ignoran la complejidad del problema. Este enfoque, que podría parecer cómico en un contexto ficticio, plantea una preocupación real en el México actual, donde se debate la posibilidad de elegir a jueces, magistrados y ministros de manera popular.
La propuesta de que los juzgadores sean elegidos por voto popular ha generado una gran polémica. Si bien podría parecer una forma de fortalecer la democracia, la realidad es que esto pondría en riesgo la independencia de los jueces y, por ende, la protección de derechos fundamentales, como los de propiedad intelectual (PI). En un país donde la piratería es socialmente aceptada y está profundamente arraigada, los jueces elegidos podrían verse tentados a resolver a favor de la opinión popular, en lugar de aplicar la ley con rigor técnico.
La piratería es un fenómeno tan extendido que nueve de cada 10 mexicanos admite haber comprado productos pirata en algún momento. Esta aceptación social complica la lucha contra ella, debilitando la percepción y el respeto por la PI. Se estima que cuesta al país 1.25% del PIB (aproximadamente 300 mil mdp). Las consecuencias de este cáncer son graves, incluyendo el impacto fiscal debido a la evasión de impuestos, el crecimiento de un mercado informal y desleal, la disminución de empleos formales y el desánimo de inversionistas.
Chava Iglesias, con su actitud despreocupada hacia este problema, representa el riesgo de que jueces elegidos popularmente puedan seguir un camino similar, tomando decisiones que prioricen la aceptación social sobre el respeto a la ley. Esto resultaría en un debilitamiento significativo de los derechos de PI, afectando negativamente a la innovación, creatividad, investigación y al desarrollo, dañando las finanzas públicas y generando pérdidas económicas sustanciales.
El "efecto Chava Iglesias" podría actualizarse si los jueces, movidos más por la popularidad que por su conocimiento técnico, toman decisiones que, aunque socialmente aceptadas, son ilegales e incorrectas. Este riesgo es aún mayor si consideramos que en otras latitudes la especialización judicial ha alcanzado niveles tan altos que muchos jueces tienen estudios en áreas como ingeniería, química, biotecnología, debido a la complejidad de los derechos sobre los que deben resolver.
La necesidad de reformar el poder judicial en México es innegable, pero la reforma debe orientarse hacia una mayor especialización. La propuesta actual, que aboga por la elección popular, no es la mejor opción para fortalecerlo. La PI es un claro ejemplo de cómo una reforma mal dirigida podría debilitar sectores clave de la economía y la innovación.
Ahora bien, es justo reconocer que la propuesta de reforma incluye un aspecto positivo: la impartición pronta y expedita de justicia (seis meses). Esto sin duda beneficiará a los titulares de derechos de PI. Sin embargo, esto tan deseado no compensa los riesgos asociados a la elección popular en el Poder que requiere independencia y especialización.
En lugar de recurrir a la elección popular, la propuesta es incluir medidas como el fortalecimiento de la formación continua y obligatoria de los jueces en áreas complejas y actuales, la creación de más tribunales especializados en temas sumamente técnicos – PI, telecomunicaciones, competencia económica – y la implementación de mecanismos que aseguren la rendición de cuentas sin comprometer la independencia judicial.
Sí a una reforma, pero para mejorar y no para poner a los juzgadores en riesgo de no cumplir con su función. Hay que dejar a un lado la politización del Poder Judicial, pues de continuar haciéndolo, las consecuencias devastadoras podrían afectar, incluso, al pilar fundamental del movimiento que nos gobierna: el bienestar del pueblo. La inseguridad jurídica que resultaría de decisiones inexpertas o sesgadas impactará negativamente en la creación de empleos y en el crecimiento del país.
Es crucial reflexionar sobre la importancia de mantener la independencia y el rigor técnico en el Poder Judicial, especialmente en lo que respecta a la protección de derechos clave como los de PI. El deseo de ganar popularidad puede llevar a decisiones que perjudiquen a México. El ejemplo de Chava Iglesias nos recuerda que, en cuestiones de justicia, la popularidad no debe ser un sustituto del conocimiento y la responsabilidad.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación, socio de ECIJA México
X: @MA_Margain
