En los últimos días la relación entre México y Estados Unidos presenta retos que las autoridades de ambos países deben afrontar y superar, la coyuntura está debido a una línea discursiva dura hacia nuestro país por parte de legisladores republicanos (dos) y algunos otros personajes de la política estadounidense, quienes han manifestado una falta de armonía y comunicación para la cooperación entre ambos países en el combate al narcotráfico, así como a la oportunidad que vieron los republicanos para presionar al gobierno del presidente Biden a fin de que endurezca su relación con el gobierno mexicano como consecuencia del aumento en el trasiego de Fentanilo y el secuestro de cuatro ciudadanos americanos que culminó en la muerte de dos de ellos en Tamaulipas. Ante estos hechos, están surgiendo posiciones extremistas respecto de la forma de combatir a los cárteles mexicanos; ya que algunas autoridades norteamericanas abogan por declararlos como organizaciones terroristas, lo que abriría la posibilidad de realizar una intervención militar en nuestro territorio y procesar a los proveedores de Fentanilo chinos que se vinculen con dichos grupos delincuenciales, lo que implicaría una acción indirecta hacia China, toda vez que cambiar el estatus de los cárteles mexicanos por el de Organización Terrorista Extranjera, conlleva un tratamiento más severo para aquellas personas con las que colaboren.
Declarar a una organización como grupo terrorista es una atribución del ejecutivo de ese país, sin embargo, éste no ha dado señales de tener intenciones en ese sentido y sin esa declaración, las fuerzas armadas estadounidenses no se encuentran en posibilidad de actuar como amenazan los republicanos.
A partir de esas circunstancias, desde el Senado de los Estados Unidos se busca presentar una iniciativa a fin de ordenar al ejecutivo que designe a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y, con ello, poder intervenir militarmente en nuestro territorio. No debemos perder de vista que ese curso de acción implicaría una medida unilateral que atentaría contra las normas internacionales y sería contraproducente para el resto de temas en los que hemos establecido una cooperación cercana, como son el intercambio económico y la política migratoria. Esto también complica el escenario para el gobierno del presidente Biden: por un lado, la presión por parte del partido republicano para modificar su trato con el gobierno mexicano podría afectar sus perspectivas electorales para 2024 y por el otro, de reaccionar como indican sus opositores, podría provocarse un deterioro de la relación bilateral, lo cual dificultaría llegar a acuerdos de cooperación en las diversas materias que afectan las agendas de ambos países. Con ello, a los dos gobiernos se les acaba el espacio de maniobra para lograr un mejor equilibrio en nuestras relaciones sin que ello represente costo para sus intereses y podrían legitimarse las posiciones extremistas ante los ojos de los votantes y eso nunca conduce a mejores condiciones de coexistencia, ni permite la cooperación para beneficiar a la ciudadanía. Lo cierto es que, en los hechos, dudamos mucho que pueda avanzar esta propuesta, pero ciertamente sirve de tierra fértil para alentar un debate político de época electoral.
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