La marcha del pasado 13 de noviembre fue un parteaguas que llevó a dar por terminado el intento de reforma constitucional para modificar la estructura del sistema electoral. En dicha manifestación participaron más de 200 mil personas solo en la capital del país, lo que permitió conocer que el sentir positivo de la ciudadanía estaba con el árbitro electoral que ha propiciado la alternancia, frente a los cambios que se planteaban, los cuales consistían, entre otras cosas, en la reducción de legisladores en las cámaras y la elección popular de los consejeros y magistrados electorales, así como una modificación a la estructura del INE. Sin embargo, el pasado miércoles 7 de diciembre se votó a favor por la mayoría simple de la Cámara de Diputados una reforma a las leyes electorales que pretende modificar las condiciones y funciones de las autoridades en los futuros comicios.
Dichos cambios, aunque mantienen vivo el espíritu de la reforma constitucional que se intentó, se encuentran acotados a la norma fundamental que no pudieron modificar. La iniciativa aprobada plantea un recorte a la estructura del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que su operación sea llevada a cabo con el mínimo indispensable de servidores públicos; asimismo, impide que los candidatos puedan ser sancionados con su remoción de la contienda en caso de que cometan faltas a la ley y muchas otras modificaciones especialmente al INE, aunque toca otros temas electorales. Más allá de la discusión de fondo que se espera, la cual probablemente llevará a la impugnación de la iniciativa mediante acciones de inconstitucionalidad por el bloque de contención en el Senado, es necesario notar que el momento en el que se realizan estos cambios no es propicio. Recordemos que desde la creación del INE nunca se ha presentado una reforma al régimen electoral que tenga su origen en la esfera del Gobierno, ni en vísperas de un proceso electoral presidencial.
No debemos olvidar que estas instituciones nos han costado 40 años de participación de todas las fuerzas políticas y los frutos que han rendido nos demuestran lo mucho que ha avanzado México para convertirse en un país más justo, igualitario y con gobiernos y autoridades que de verdad representen a los ciudadanos. Así las cosas, lo que se espera en los próximos días es saber si la mayoría en el Senado dará fast track a la reforma para su aprobación o permitirá un análisis cuidadoso, de cualquier manera, parece inminente que algunos temas del Plan B terminarán en el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus tintes inconstitucionales.
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