El pasado 30 de julio, en la ciudad de Chicago, Illinois, se llevó a cabo un foro sobre los derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior, el cual tuvo una gran importancia para visibilizar la situación de las personas con ciudadanía mexicana que han decidido establecer su residencia en el extranjero, pues a pesar de que formalmente tienen la obligación y el derecho de participar en la vida democrática del país, mediante la emisión de su voto en las elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato, los mecanismos con los que cuentan para hacerlo se encuentran limitados a determinadas condiciones y solo para ciertos procesos electorales, lo que provoca en ellos falta de interés y desánimo para participar.
Prueba de lo anterior es que, de los 23 millones de personas mexicanas mayores de 18 años que se encuentran en Estados Unidos, solo 181,873 emitieron su voto en las elecciones presidenciales de 2018 y únicamente 17,809 participaron en el proceso de revocación de mandato. Esos 23 millones de personas representan alrededor de la cuarta parte del padrón del INE y de ellos solo vota alrededor del cinco por ciento, pese a que, en muchos de los casos, todavía cuentan con vínculos en nuestro país que van más allá de la mera formalidad de llamarse ciudadanos, condición que, por cierto, no se pierde por su lugar de residencia. En ese contexto, actualmente se les permite el voto únicamente en las elecciones de la persona titular de la Presidencia de la República, Senadurías, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y solamente pueden ser votadas para ejercer la “diputación migrante” en el Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, tampoco se cuenta con mecanismos para otorgarles una credencial electoral que les permita ejercer sus derechos políticos desde su lugar de residencia, es más, una de sus quejas es que la credencial del INE que les expiden en los EUA no es aceptada como identificación oficial en México. No obstante todo esto, debemos reconocer que la participación de las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero es necesaria para que esa comunidad que va más allá de los límites fronterizos se vea integrada a nuestro sistema político.
Para lograrlo es indispensable habilitar mecanismos, tales como las senadurías migrantes, divulgar la existencia de los derechos que tienen reconocidos aquellas personas que, aun teniendo su residencia en el extranjero, ostenten la ciudadanía mexicana, crear las condiciones necesarias para lograr su participación en los siguientes procesos democráticos y llevar a cabo las reformas necesarias para que puedan participar en la elección de diputaciones, alcaldías y presidencias municipales, entre muchas otras cosas que la comunidad migrante reclamó en este foro. Está claro que 23 millones de votantes con derechos políticos plenos podrían cambiar el rumbo de una elección presidencial, pero para eso primero hay que saldar las cuentas pendientes.
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