El cáncer es una enfermedad que no discrimina género, raza, ni edad y aunque es posible prevenir sus efectos más nocivos para el 50 por ciento de las variantes, sabemos que su incidencia es cada vez mayor, incluso se estima que para 2040, una de cada cinco personas serán diagnosticadas con algún tipo de cáncer. De acuerdo con las estadísticas de la OMS, en 2012 el 70 por ciento de las muertes por dicha enfermedad ocurrieron en América Central, Sudamérica, África y Asia, lo que deja ver que las sociedades que se encuentran en vías de desarrollo son las que se ven más afectadas.
En nuestro país, según datos del INEGI, la incidencia de cáncer aumentó 2.5 veces entre 1990 y 2017, la cantidad de muertes entre 1990 y 2019 se duplicó y en 2020 provocó la muerte de más de 90 mil personas. Sin embargo, los datos también arrojan que con una atención temprana se puede reducir la mortalidad y aminorar la cantidad de casos, pues el 30 por ciento de éstos son curables si se detectan a tiempo. De igual manera, si se evitan factores clave como fumar, consumo abusivo de alcohol, dieta poco saludable e inactividad física podrían prevenirse el 40 por ciento de los casos. Con toda esta información se vuelve imperativo actuar con mayor efectividad y rigor en la prevención y el tratamiento, pues se observa que hay una gran cantidad de muertes que podrían evitarse si se llevaran a cabo las acciones adecuadas.
Desde diversas organizaciones de la sociedad civil como Cancer Warriors y la Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer, se ha expresado que para poder combatir este padecimiento de una manera eficaz es necesario coordinar todos los esfuerzos y recursos con que se cuenta del sector público, del privado y del social para evitar que el funcionamiento de los servicios de salud se vea fragmentado, pues de lo contrario habrá quien se encuentre desprotegido y no podrá recibir atención médica adecuada. Ese nivel de coordinación únicamente puede lograrse a través de un Plan Nacional de Prevención y Control Integral de Cáncer que sirva de eje coordinador entre instituciones.
Dicho plan debe garantizar que la atención sea accesible, equitativa y de alta calidad para toda la población, sobre todo para las personas más vulnerables. De igual manera, resulta de gran relevancia contar con una ley que sea aplicable en todo el país y que establezca obligaciones a las autoridades para que el combate al cáncer sea progresivo y transexenal, además debe garantizar la suficiencia presupuestaria para esta causa, así como mecanismos de registro de información y métricas que permitan cuantificar y evaluar los resultados para investigación y seguimiento, con lo cual se podrán salvar muchas vidas.
En razón de todo lo anterior, desde el legislativo hemos reconocido que el cáncer representa un problema de salud pública, por lo que está claro que tanto un plan como una ley nacional son instrumentos indispensables para evitar que siga habiendo personas que pierdan la batalla, así lo muestra la experiencia internacional y no podemos quedarnos de observadores, por eso hemos adquirido el compromiso de impulsar estos mecanismos durante la actual legislatura.
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