El día 27 de marzo de 2023 perdieron la vida decenas de personas en los lamentables hechos ocurridos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que mostró la realidad que afecta a muchas personas migrantes que ven disminuidos sus derechos humanos por la forma en la que son tratadas.
Coincidentemente, hace dos semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la privación de la libertad de las personas migrantes por más de 36 horas es inconstitucional y que las disposiciones de la Ley de Migración por las que se permite su retención en una “estancia migratoria” por 15 y hasta 60 días violan el derecho a una tutela judicial efectiva; también resolvió que cumplido el plazo de día y medio debe dejárseles en libertad.
Sin embargo, lo que vimos esta semana demuestra que no está claro bajo qué condiciones ni cuáles autoridades tienen la responsabilidad de velar directamente por el bienestar de las y los migrantes y que aún existen violaciones profundas sus derechos, empezando por el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento cuya función es dar certeza jurídica sobre su ubicación, sus condiciones individuales y la normatividad que les aplica, entre otras prerrogativas que inclusive aquellas personas que se presume han cometido delitos tienen garantizados a través de diversos instrumentos como, por ejemplo, el registro nacional de detenciones.
Cabe resaltar que las personas migrantes que se encontraban en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración que sufrió el siniestro fueron detenidas ese mismo día, puestas en dormitorios y encerradas con candado. Lo anterior además de ser una restricción de la libertad de tránsito sin que medie una orden judicial, arroja luz tanto de la insuficiencia de las instalaciones, como de la falta de protocolos de operación para superar el reto que representa la necesidad de atender a las personas migrantes, en lugar de detenerlas y encerrarlas.
La situación se vuelve todavía más preocupante si consideramos que de conformidad con la información publicada por EL UNIVERSAL, en el año 2022 la cantidad de migrantes detenidos alcanzó un récord tras superar la cifra de 440 mil personas, 125 mil más que el año inmediato anterior, sin que se hayan hecho los ajustes presupuestales adecuados para dar cabida a cantidades mayores de personas a las que se les debe garantizar la seguridad y el bienestar mientras se resuelve su situación migratoria en una “estancia provisional” como la que se incendió.
Lo cierto es que el flujo de migrantes no tiene visos de disminuir y si no se llegan a tomar medidas adecuadas para asegurar la protección de sus derechos humanos, todos los días se corre el riesgo de que ocurran acontecimientos similares.
No queda más que expresar nuestra solidaridad con las víctimas y nuestras condolencias con sus deudos, así como refrendar el llamado a brindar la atención debida para que las autoridades actúen con responsabilidad, y que se privilegie la atención sobre la detención.
