La ley que se conoce, se defiende. Las leyes, como las aspiraciones sociales, siempre serán motivo de debate; de su discusión libre y fundamentada será posible construir los consensos que superen las diferencias y fortalezcan las coincidencias De ahí la importancia de fomentar una cultura constitucional que genere mayores equilibrios en el ejercicio del poder entre la ciudadanía y sus gobernantes.
El pasado domingo 5 de febrero se conmemoró el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, emanada de la Revolución, bajo el lema de Francisco I. Madero “Sufragio Efectivo, No Reelección”, base que sustenta al Estado de Derecho del México contemporáneo.
Del memorable discurso de Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en la apertura de sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro el 1º de diciembre de 1916, cito: “...las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera, son el fruto de mi personal experiencia y la expresión de mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero, y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos”.
Quizá erróneamente se cree que el texto constitucional es del conocimiento exclusivo de los abogados, los legisladores y de los gobernantes. En realidad es un texto que, como el poder que define, pertenece a la ciudadanía.
A partir del precepto de que la soberanía reside en el pueblo, para que dicha soberanía social se ejerza a plenitud, la ciudadanía debe conocer los derechos constitucionales que los poderes públicos están obligados a servirle.
Es irónico que se conozcan con más detalle las reglas de las competencias deportivas que las que competen a los derechos de los ciudadanos.
Las instancias públicas, instituciones académicas y en particular los partidos políticos tienen definiciones de ley para la capacitación política; bien podrían incluir en sus tareas el conocimiento de la ley suprema que rige a la nación.
En mi responsabilidad como gobernador del estado de Veracruz (1998-2004) prometí una reforma integral de la Constitución del Estado, que entró en vigor el 3 de febrero del año 2000, con el reconocimiento de los derechos humanos, las garantías a los pueblos indígenas de la entidad, referéndum, plebiscito e iniciativa popular, acotar las facultades del Titular del Ejecutivo y se creó el Órgano de Fiscalización Superior; muchas de estas innovaciones fueron las primeras de su tipo en el país. Una vez promulgada la carta magna estatal renovada, ofrecí ediciones traducidas a las principales lenguas indígenas de Veracruz, con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad, sin distinción en toda la población
Entre mejor se conozca el texto constitucional, mayor será la calidad del debate, y la ciudadanía podrá fortalecer el equilibrio de poderes, el federalismo, los procesos democráticos, la impartición de justicia, la vigencia de las instituciones y de manera importante los derechos y las libertades que garanticen la convivencia armónica de toda la sociedad civil, como requisito indispensable para formar una sociedad más igualitaria.
Rúbrica. Solidaridad con Turquía y Siria. La triste experiencia que dejan las pérdidas humanas y la destrucción de un sismo, por lejanas que sean, unen nuestros corazones.