Los gobiernos han respondido a la pandemia de Covid-19 y a los trastornos sociales y económicos que ésta ha provocado con una serie de planes ad hoc, como permisos pagados, transferencias de efectivo y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas respuestas comparten dos limitaciones importantes.
En primer lugar, muchos son arreglos temporales y a corto plazo, que cubren la situación de confinamiento o un período teórico hasta que se produzca la recuperación económica. No producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas vulnerables, ni mejoran su situación frente a futuras crisis.
En segundo lugar, las medidas simplemente no abordan las amenazas existenciales a las que se enfrentan muchas de las comunidades más afectadas del mundo. Aunque el gasto de los gobiernos de todo el mundo en la respuesta al COVID-19 supera los 11 billones de dólares, con diferencia, las respuestas más importantes han procedido de países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de recuperación de 750 mil millones de euros (equivalente a 6% de su PIB), mientras que el plan de recuperación económica del Japón equivale al 22% de su PIB (o 1.1 billones de dólares). Sin embargo, entre los países en desarrollo de bajos ingresos, la respuesta fiscal ha sido en promedio de 1.2% del PIB.
Los países en desarrollo, en particular los de bajos ingresos, tienen recursos internos limitados, lo que se ve agravado por la caída de los precios de algunos productos básicos de exportación . Sencillamente no pueden poner en práctica las medidas integrales de respuesta a la crisis que necesita su población, y mucho menos los sistemas de protección social a más largo plazo que crearían una resistencia más fundamental.
Incluso antes delCovid-19, 69% de la población mundial no estaba cubierta por la seguridad social, o sólo lo estaba parcialmente. Casi dos tercios de los niños del mundo no tenían cobertura de protección social; sólo 22% de los desempleados recibía prestaciones de desempleo y sólo 28% de las personas con discapacidades graves recibía prestaciones de discapacidad.
Las crisis mundiales como esta pandemia no saben de fronteras geográficas o políticas. Contra ellas, sólo somos tan fuertes como los más débiles entre nosotros. Si queremos crear una mayor resistencia y una capacidad de recuperación más eficaz, tenemos que apoyar a todos los países en la creación de niveles mínimos de protección social sólidos. El enfoque actual, que es poco sistemático, es como empezar a reclutar bomberos después de que haya estallado un incendio, y luego dirigirlos para que salven sólo unas pocas habitaciones del edificio en llamas.
Claramente, esto no funciona. En estas circunstancias, la solidaridad internacional es esencial, y en interés de todos.
Niveles mínimos de protección social para todos son asequibles. El déficit de financiación para todos los países en desarrollo -la diferencia entre lo que estos países ya invierten en protección social y lo que costaría un nivel mínimo de protección social completo (incluida la salud) – es de unos 1.191 mil millones de dólares en este año, incluido el impacto del Covid-19. Sin embargo, la diferencia para los países de bajos ingresos es sólo de unos 78 mil millones de dólares, una cantidad insignificante en comparación con el PIB de los países industrializados. El total de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la protección social asciende sólo al 0.0047% del ingreso nacional bruto de los países donantes.
Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que los Estados ricos tienen el deber de ayudar a cumplir los derechos sociales en los países con recursos más limitados, y ya se han adoptado varias medidas para convertir este compromiso en asistencia concreta. En 2011, un grupo consultivo de expertos recomendó que los donantes proporcionaran financiación previsible y plurianual para fortalecer la protección social en los países en desarrollo. En 2012, dos expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas propusieron un Fondo Mundial para la Protección Social con el fin de ayudar a los países de bajos ingresos a crear niveles mínimos de protección social para su población. Ese mismo año, los miembros de la OIT- gobiernos, trabajadores y empleadores de 185 países - apoyaron la idea de una protección social integral con la promesa adoptada por unanimidad de "establecer y mantener... niveles mínimos de protección social como elemento fundamental de sus sistemas nacionales de seguridad social".
Regularmente escuchamos promesas de que debemos, y lo haremos, “reconstruir mejor” a partir de la crisis actual. Sólo podemos hacerlo sitodo el mundo tiene un nivel mínimo de protección social, incluidos los más pobres y marginados.
Los países deben desplegar el máximo de los recursos disponibles para que la protección social sea una realidad para todos. Para ello, tal vez sea necesario adoptar enfoques más eficaces en materia de tributación y lucha contra la corrupción. A más largo plazo, esta redistribución de los activos contribuirá a frenar la desigualdad y la discriminación y a apoyar la promesa del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 de “no dejar a nadie atrás”.
Esta crisis nos ofrece muchas lecciones. Una de ellas es que para reconstruir mejor es necesario contar con la solidaridad internacional y una mejor protección social para todos, no sólo para los que ya pueden permitírselo. Si ignoramos este mensaje, corremos el riesgo de condenar a las generaciones futuras a soportar una vez más el inmenso sufrimiento que vemos hoy en día. Esa es, sin duda, una perspectiva intolerable.
*Michelle Bachelet es la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Olivier De Schutter, es Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Guy Ryder, es Director General de la Organización Internacional del Trabajo
