El 2 de enero, primer día hábil de este año, se rompió una tradición de más de 200 años: que quien dirige la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura sea hombre.
Por una mayoría simple de 6 votos, la ministra Norma Lucía Piña fue elegida como presidenta de la Corte por cuatro años. Su triunfo es el de todas. En una profesión predominantemente masculina como lo es el derecho y la función judicial, el que la cabeza de este poder sea por primera vez una mujer nos habla de tiempos de cambio.
La ministra Piña es una ministra de carrera judicial, una abogada que conoce lo que implica ser jueza, magistrada, secretaria de estudio y cuenta y ministra. Esto es importante en tanto que uno de los puntos torales de su propuesta de trabajo se enfoca en el fortalecer la presencia de las y los ministros en defensa de la independencia judicial, de la dignidad y respetabilidad de las personas juzgadoras. La hoy presidenta de la Corte señaló que cambiaría el escenario actual en donde las y los jueces consideran que no se les escucha, que no se les apoya desde la cúpula del PJF, y a partir de su presidencia promete arroparles.
Aquellas personas que seguimos de cerca la Corte sabemos que la ministra Piña tiene una visión formalista cuando hablamos de reglas procesales, pero dista de ser conservadora en el fondo. Sus proyectos de sentencia y sus votos nos hablan de una jurista que apuesta por las libertades y por la materialización efectiva del texto constitucional. Cómo olvidar su posicionamiento en la acción de inconstitucionalidad 148/2017 cuando dijo “[C]uando se trata de violación, permiten el aborto, en cambio, cuando es libre, no lo permiten. ¿A qué voy? Cuando tiene carácter de víctima no lo limitan, en cambio, cuando otorga consentimiento no le permiten abortar en ningún tiempo. Entonces, la norma lo que castiga es la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional”.
También hay que recordar su proyecto de sentencia en el amparo en revisión 1317/2017, y aprobado por mayoría de la Primera Sala, donde se determinó que el poder legislativo debe implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos de las personas trans, para lo cual resulta imprescindible la rectificación registral del nombre, sexo y género. Si esto no se llevara a cabo se estaría negando su derecho a la identidad personal, así como su libre desarrollo, derechos a partir de los cuales se afirman individualmente y frente a las demás personas.
Dentro de su propuesta de trabajo la ministra hablaba de consolidar la actual Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte como un espacio de alto nivel de reflexión y conocimiento sistémico, interdisciplinario, que dé cabida a las distintas corrientes feministas y de diversidad sexual tanto a nivel nacional como internacional. Es sumamente simbólico que la ministra se identifique como feminista y no le tema a la etiqueta. Esto, parecía improbable hace años, por decir lo menos.
Estas líneas están llenas de optimismo, pero es que es imposible no sentirse esperanzada cuando en un país con una deuda histórica hacia las mujeres, hoy el máximo Tribunal será dirigido por una mujer capaz, empática y con el corazón en la agenda feminista.