Tras los acontecimientos del martes, la reforma al Poder Judicial en México se ha convertido en una realidad inminente. Con la elección popular de personas juzgadoras, nuestro sistema judicial enfrenta un reto que amenaza su imparcialidad y lo expone a las presiones de intereses políticos y económicos. En este contexto, las y los abogados somos la última línea de defensa, y para las futuras generaciones de abogadas y abogados, esto es un llamado urgente a proteger y expandir los avances en derechos humanos y acceso a la justicia en nuestro país.
Nuestra labor requiere una transformación profunda que comience en las aulas, siga en las calles y continúe en cada espacio donde la justicia sea puesta a prueba. Necesitamos una generación de abogadas formadas en ética, perspectiva de género, interseccionalidad y justicia social, capaces de desafiar las estructuras de poder que perpetúan las desigualdades y los abusos. Y aquí es donde las y los profesoras de derecho juegan un rol fundamental al inspirar, desde el aula, una visión del derecho como herramienta de cambio social.
Un ejemplo inspirador es el Julieta Lemaitre, profesora de derecho y jueza de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Lemaitre ha sido una defensora incansable de los derechos humanos y del feminismo jurídico enseñando a sus estudiantes a ver el derecho como una herramienta para desafiar las injusticias y defender a quienes más lo necesitan. A través de su labor en la justicia transicional en Colombia, ha demostrado cómo el derecho puede ser un vehículo para la paz y la reconciliación, y cómo una profesora puede, desde el aula, preparar a sus estudiantes para reconstruir una sociedad en busca de justicia.
Es en las aulas donde también se forja la vocación de resistencia. Las facultades y escuelas de derecho deben ser lugares donde se enseñe que la imparcialidad no es negociable, que la justicia debe ser inclusiva y que cada abogada tiene el poder de cambiar vidas. Las futuras abogadas y abogados deben aprender a ver en cada caso una oportunidad para mejorar el sistema y entender que el derecho no es neutral; es una construcción que, en las manos correctas, puede inclinarse hacia la justicia.
Ser profesora de derecho hoy en México es mucho más que impartir conocimientos técnicos; es inspirar a cada estudiante a ser agente de cambio. Cada clase puede ser una lección de valentía, una invitación a pensar más allá de los códigos y las normas. Las y los docentes tienen el poder de enseñar que la abogacía puede ser un acto de resistencia y que el derecho debe ser una herramienta para mejorar la sociedad, para lograr cambiar a nuestro país una sentencia a la vez.
A las futuras abogadas y abogados les corresponde tomar esta antorcha. Cada vez que una abogada lucha contra los abusos del poder, cada vez que defiende a alguien que ha sido discriminado o violentado, está fortaleciendo la justicia y recordándonos que el derecho no pertenece a unos pocos. La abogacía es el último muro que defiende a quienes el poder busca acallar, y ser abogada hoy significa responder a ese llamado con ética, empatía y valentía.
No podemos cambiar la realidad de la reforma judicial, pero sí podemos transformar su impacto a través de una abogacía que abrace la imparcialidad, los derechos humanos y una firme perspectiva de género. La educación jurídica debe ser el semillero de abogadas y abogados dispuestos a defender una justicia igualitaria, ética y libre de prejuicios. Inspirar a las nuevas generaciones a luchar por un derecho que sirva a todas las personas, y no solo a quienes detentan el poder, es la misión que asegurará un futuro donde la justicia sea realmente para todas y todos.
