En el marco de una democracia constitucional, el papel de un tribunal constitucional trasciende la resolución de conflictos legales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México cumple con la misión de ser el máximo guardián de la Constitución, protegiendo el orden constitucional y garantizando los derechos humanos de todas los personas. Con cada resolución, la SCJN reafirma su rol como árbitro de la justicia constitucional, especialmente en un contexto donde los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social se han vuelto temas centrales para el país.
La Corte no solo aplica la Constitución: la interpreta y la transforma en una herramienta viva que responde a los desafíos de la sociedad. Esta función es particularmente importante en un contexto donde las normas deben adaptarse para garantizar la protección de los derechos humanos y la democracia. Al operar como tribunal constitucional, la SCJN tiene la capacidad de revisar normas y actos de autoridad, dando un sentido actualizado y congruente con los valores democráticos y sociales de México.
Un tribunal constitucional es una corte suprema encargada de interpretar y proteger la Constitución, asegurando que todos los actos de gobierno y leyes se alineen con los principios constitucionales. Esto significa que su responsabilidad no se limita a aplicar la ley, sino a mantener el equilibrio de poderes, proteger los derechos humanos y garantizar la supremacía constitucional. En México, la SCJN desempeña este rol a través de mecanismos clave como las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos en revisión, los cuales le permiten evaluar normas y actos del Estado.
La supremacía constitucional es un principio esencial que sostiene esta labor, al establecer que la Constitución es la norma suprema del país y que cualquier ley o acto que la contravenga debe ser invalidado. Este principio permite a la SCJN asegurar que las leyes reglamentarias, como por ejemplo la ley de amparo, y los actos de las autoridades se ajusten a los derechos y principios fundamentales de la Constitución, promoviendo así una sociedad justa y democrática.
Un aspecto crucial del tribunal constitucional es su papel en la defensa de los derechos humanos mediante una interpretación progresiva de la Constitución. La interpretación es el proceso mediante el cual un tribunal constitucional, como la SCJN, determina el significado y alcance de las disposiciones de la Constitución. Este análisis es esencial porque la Constitución, al ser un documento que define los principios fundamentales y derechos de una sociedad, debe aplicarse a una gran variedad de situaciones concretas que surgen en el tiempo. Para lograr esto, los jueces evalúan el texto constitucional, su contexto, la intención de sus creadores y, en algunos casos, la evolución social, política y cultural del país.
Por ejemplo, en el amparo directo 9/2021, la SCJN declaró inconstitucionales las restricciones impuestas a una mujer en un convenio de divorcio, prohibiéndole recibir visitas masculinas y vivir con alguien distinto de sus hijos si quería mantener su derecho a vivir en la casa donde había vivido durante su matrimoio. La Corte juzgó este caso con perspectiva de género, considerando que las restricciones violaban la libertad y dignidad de la mujer y eran contrarias a los derechos fundamentales. Este fallo reafirma que el papel de la SCJN es proteger la dignidad y autonomía de las personas, incluso en actos donde ambas partes son ciudadanos.
La SCJN ha dictado múltiples sentencias históricas que reflejan su compromiso con una interpretación progresista de la Constitución. Un caso emblemático es el de la protección de los derechos reproductivos de las mujeres, donde la Corte determinó que criminalizar el aborto de manera absoluta violaba lo derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad para gestar. Esta resolución sentó un precedente que ha influido en todo el país, y cuya argumentación ha sido retomada por los congresos estatales que han despenalizado el aborto desde el 2022.
El rol de la SCJN como tribunal constitucional no está exento de retos. La independencia judicial es fundamental para que la Corte pueda actuar como un auténtico contrapeso al poder y resolver casos sin presiones externas.
Al ser un tribunal constitucional, la Corte tiene la posibilidad de fortalecer el respeto y la protección de los derechos humanos a través de sus sentencias. Cada vez que la SCJN toma una decisión fundamentada en derechos, envía un mensaje poderoso a la ciudadanía y a los poderes públicos: la justicia constitucional es un pilar de la democracia que debe ser respetado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es solo el último recurso en la resolución de conflictos; es la institución que protege los valores y derechos fundamentales de nuestra sociedad. Su función como tribunal constitucional la convierte en el guardián de la democracia, un rol que exige no solo un alto sentido de justicia, sino también un firme compromiso con los principios que fundamentan el Estado de Derecho.
Como ciudadanía, el deber de vigilar, apoyar y exigir a la SCJN un desempeño ejemplar es un paso fundamental para consolidar una justicia que realmente responda a los desafíos de la sociedad mexicana. Un tribunal constitucional es tan fuerte como el respaldo que le brinda la sociedad; la Corte representa una voz potente, pero hoy en día su rol dependerá de nuestra capacidad como ciudadanos de defender el valor de sus decisiones.
