El pasado miércoles 21 de agosto, en un evento sin precedentes, la justicia federal suspendió de manera casi total sus actividades, y digo casi total en tanto que algunos asuntos urgentes aún se siguen resolviendo. De acuerdo con la circular 16/2024 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal se considerarán urgentes aquellas decisiones en materia de ejecución de sanciones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, actos que pongan en riesgo la salud o integridad, los relacionados con personas migrantes, y aquellos en que puedan ponerse en riesgo el suministro de servicios básicos, como agua o energía eléctrica, tan solo por mencionar algunos.
Esto, por supuesto que pone en pausa la resolución de los asuntos más cotidianos que se ven en los juzgados y tribunales federales; entonces, ¿por qué me parece que es importante apoyar el posicionamiento que hacen las y los trabajadores del Poder Judicial Federal de parar ante el inminente avance de la reforma al poder judicial? Porque me parece que, hoy en día, representan la última resistencia para detonar los pocos mecanismos de acceso a la justicia que se han generado.
Antes de continuar, un disclaimer. Me parece que el poder judicial federal se encuentra lejos de ser perfecto. Coincido con el diagnóstico que se hace cuando se señala que el acceder a la justicia es tardado y costoso. No contamos con el número de personas juzgadoras y asesores jurídicos gratuitos necesarios para que la justicia no sea un privilegio de pocos y presentar una demanda de amparo sigue siendo un privilegio de clase. Sin embargo, este proyecto de reforma no atiende estas dolencias, sino que las agrava, y es por esto, que apoyo el paro de labores de las y los trabajadores del poder judicial.
Dentro de las modificaciones que se proponen en la mencionada reforma, se encuentra la elección popular de todas las personas juzgadoras federales, y eventualmente las locales, estableciéndose como requisito de elegibilidad el haber obtenido un promedio general de calificación que sea igual o superior a 8 o su equivalente en la licenciatura en derecho, y de 9 o su equivalente en las materias específicas relacionadas con el cargo al que la persona aspirante se postula. Asimismo, se señala que las Magistradas y Magistrados de Circuito, así como las Juezas y Jueces de Distrito, durarán en su encargo nueve años y podrán participar para ser reelectos cada que concluya su periodo.
De manera particular, estos tres puntos me parecen sumamente problemáticos y buscaré explicar de la mejor forma por qué esto terminará afectando a los grupos que ya se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Empecemos por el primer punto. Las calificaciones y el promedio han sido el indicativo empleado por el sistema para hablar de “mérito”. Se nos ha inculcado la idea que alguien que, por ejemplo, terminó la carrera con 10 de promedio, lo logró gracias a sus méritos y a su excelencia. Si bien esto tiene algo de cierto, no debemos obviar algo que Iris Young puntualiza en su libro, Justice and the Politics of Difference. Aunque Young no aborda explícitamente el tema de las calificaciones o el promedio académico en su obra, sus críticas al concepto de mérito pueden extenderse a estos sistemas de evaluación. Young sostiene que las medidas de mérito, como las calificaciones, a menudo reflejan y perpetúan las desigualdades estructurales presentes en la sociedad.
Por ejemplo, las y los estudiantes provenientes de entornos privilegiados suelen tener acceso a recursos educativos superiores, mayor capital cultural, apoyo familiar, y más tiempo para dedicarse de manera exclusiva al estudio, lo que puede traducirse en calificaciones más altas. En contraste, aquellos estudiantes que provienen de contextos menos favorecidos se enfrentan a barreras que afectan su rendimiento académico, independientemente de su esfuerzo o capacidad.
De este modo, aunque Young no discute de manera directa el sistema de calificaciones, su crítica a la meritocracia sugiere que estos métodos de evaluación pueden no ser neutrales. En lugar de reflejar de manera precisa el esfuerzo o la capacidad individual, las calificaciones pueden servir para reproducir y legitimar las desigualdades. existentes.
Si a esto último le sumamos el hecho que, en nuestro país, la mayoría de las mujeres realizan labores de cuidado, este criterio de elegibilidad atenta contra el principio de igualdad sustantiva y nos aleja aún más de tener un poder judicial paritario y diverso. El contar con un poder judicial diverso es algo que nos interesa a todos.
Por ejemplo, Judith Resnik, argumenta que la presencia de mujeres en el poder judicial es fundamental para asegurar que las decisiones reflejen una gama más amplia de experiencias y perspectivas, lo que contribuye tanto a la legitimidad del sistema judicial como a la equidad en la administración de justicia.
En su artículo "Categorical Federalism: Jurisdiction, Gender, and the Globe” explora cómo la inclusión de mujeres en la judicatura no solo amplía la diversidad de puntos de vista en la toma de decisiones judiciales, sino que también fortalece la percepción pública de la justicia y la legitimidad de los tribunales. Resnik también destaca que la representación de mujeres en la judicatura es crucial para reflejar las estructuras democráticas de la sociedad. Un poder judicial que no refleja la diversidad de la población puede ser visto como desconectado, lo que puede socavar la confianza pública en el sistema de justicia. Las perspectivas diversas son necesarias para que las instituciones funcionen democráticamente, porque aportan voces que desafían el statu quo y representen las experiencias de los grupos a los que históricamente se les ha impedidos sentarse en la mesa donde se toman las decisiones.
Ahora bien, el abogar por una elección directa de personas juzgadoras se vuelve sumamente problemático en tanto que nos pone en un escenario donde se reemplaza toda lógica técnica con una dinámica electoral y detona la posibilidad de que la judicatura tome decisiones impopulares. Es decir, abiertamente, las personas juzgadoras estarán jugando para las gradas, sabiendo que en nueve años será la porra quienes les permitirá continuar o no en su encargo.
Catharine MacKinnon, una de las teóricas más influyentes en el feminismo jurídico estadounidense, ha elaborado una crítica profunda y transformadora sobre cómo el derecho y el poder judicial interactúan con las estructuras de poder, especialmente en relación con las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. En su obra "Toward a Feminist Theory of the State", MacKinnon argumenta que el derecho no es una herramienta neutral o imparcial, sino que ha sido históricamente un reflejo de las jerarquías de poder dominantes, particularmente el patriarcado. Así, MacKinnon señala que el sistema legal ha sido diseñado y aplicado de manera que refuerza y legitima la subordinación de las mujeres y otros grupos.
Para MacKinnon, la protección efectiva de los derechos de las minorías requiere un enfoque judicial que reconozca y confronte activamente estas dinámicas de poder. Ella aboga por un enfoque transformador en el que el derecho no solo responda a las injusticias, sino que también actúe como una herramienta para desmantelar las estructuras opresivas. Esto significa que las personas juzgadoras deben estar conscientes de las realidades vividas por aquellos que se encuentran en posiciones de desventaja estructural y que deben interpretar y aplicar la ley de una manera que desafíe las jerarquías de poder en lugar de perpetuarlas. Esto, por ejemplo, no podría ocurrir ante un escenario donde las personas juzgadoras estarán buscando su reelección.
Apoyar el paro de las personas juzgadoras en México es esencial porque nos encontramos ante un ataque directo contra la independencia judicial y la posibilidad de una justicia imparcial. Esta reforma, lejos de corregir las fallas del sistema, amenaza con convertir la judicatura en un escenario de intereses políticos y electorales, minando la integridad de las decisiones judiciales y favoreciendo a quienes ya gozan de privilegios. Permitir que avance esta reforma es condenar a las personas más vulnerables a un sistema aún más excluyente y desigual. Si no defendemos ahora la independencia de quienes imparten justicia, mañana podríamos lamentar la pérdida de uno de los pocos mecanismos que aún permiten el acceso a nuestros derechos.
