Nos enfrentamos a una situación global extremadamente compleja . La actual guerra en Ucrania pone de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de nuestros sistemas agroalimentarios y las consecuencias a escala mundial de las perturbaciones locales de los principales países exportadores de cereales.
Además, la pandemia de COVID 19 ha impuesto enormes costos y, hoy día, persisten muchos de los factores que frenan la recuperación mundial, tanto que las perspectivas de crecimiento son cada vez más divergentes e inciertas.
Se proyecta de hecho que el crecimiento del PIB a mediano plazo en muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo se sitúe por debajo de los niveles observados antes de la pandemia. Mientras que la inversión para estimular la recuperación está muy restringida por el limitado espacio fiscal de muchos Estados y las crecientes vulnerabilidades relacionadas con el endeudamiento público de estos países.
Asimismo, el aumento de la presión inflacionaria, debido a fuertes alzas de los precios de los alimentos, de la energía y de las materias primas en general, así como las perturbaciones en la oferta, el comercio exterior y los mercados financieros derivadas de la pandemia y el conflicto en Ucrania, agravan las desigualdades y tendrán graves repercusiones en la inseguridad alimentaria crónica y aguda, especialmente en contextos ya vulnerables y dependientes de las importaciones de alimentos básicos.
El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en marzo de 2022 en su cota más alta desde su creación en 1990 y para 2022 se prevé que la inseguridad alimentaria aguda empeore a nivel mundial, haciendo registrar probablemente condiciones de hambruna localizadas en distintas partes del planeta.
Se necesitan por tanto medidas urgentes a escala mundial para prevenir el hambre y las crisis alimentarias en los países vulnerables y en los hogares más pobres que dados sus altos niveles de endeudamiento no tienen acceso a fuentes alternativas de financiación. De hecho, la actual movilización de recursos no permite atender las crecientes necesidades de los países afectados por las crisis alimentarias. Por ello, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) apelamos a los gobiernos y a las instituciones para que se pongan en marcha mecanismos y acciones eficaces, en el marco de nuevos enfoques por parte de la comunidad internacional para revertir estas tendencias.
En particular, FAO propone la creación de un mecanismo global de financiación de las importaciones de alimentos, con el fin de aliviar el financiamiento de los sustanciales incrementos en los costos inmediatos de la importación de alimentos que normalmente realizaban antes de la crisis de Ucrania. Este mecanismo sería priorizado solamente para los países importadores netos y más vulnerables. Gracias a este fondo, los países vulnerables podrían encontrar soluciones ante las crisis de manera inmediata, a la vez que mitigarían los impactos más duraderos en sus sistemas agroalimentarios y reducirían así las necesidades futuras de asistencia de emergencia.
Las primeras estimaciones sugieren que sería necesario un volumen de financiación de entre 25.000 a 2.500 millones de dólares estadounidenses para cubrir las necesidades más inmediatas entre el 10% y el 100% del incremento del costo de importaciones y garantizar la seguridad alimentaria en aquellos países expuestos a mayores riesgos. Serían elegibles los países importadores de alimentos en los grupos de ingresos bajos y medianos de la clasificación de ingresos del Banco Mundial, extendiendo la elegibilidad también a los países importadores netos de alimentos miembros de la AIF (Asociación Internacional de Fomento). Si, por ejemplo, se decidiera focalizarse solo en África el costo del fondo sería de entre 9.000 y 900 millones de dólares estadounidenses para cubrir las necesidades más inmediatas entre el 10% y el 100% del incremento del costo de importaciones.
Estos montos, incluso si se otorgan en forma de subvención completa, representan solo una fracción de los fondos disponibles de otras fuentes. Por ejemplo, la asignación de derechos especiales de giro (DEG) del FMI en agosto de 2021 alcanzó un volumen de DEG 456.500 millones, equivalente a unos USD 650.000 millones. La opción de compensación del 100 por ciento para el Africa del FIFF, con un volumen de 9.000 millones de USD, solo representaría el uno punto cuatro por ciento de la asignación más reciente del DEG.
El Fondo de Financiación de las Importaciones de Alimentos (FFIA), así se llamaría el fondo propuesto por FAO, complementaría los mecanismos existentes en el sistema de las Naciones Unidas y se basaría estrictamente en las necesidades urgentes. Asimismo, el FFIA está pensado para incrementar la resiliencia futura, ya que a los países que reúnen las condiciones se les pediría que se comprometieran a invertir en mayor medida en sistemas agroalimentarios sostenibles. El fondo constituye una de las seis propuestas formuladas por la FAO para dar respuesta a la crisis.
Según los cálculos de la FAO, la guerra en Ucrania podría dar lugar a que, con respecto al escenario de referencia, el número de personas que padezcan hambre entre 2022 y 2026 aumente en 13,1 millones con respecto a un escenario base ya creciente como consecuencia de COVID-19. Ante una posible crisis alimentaria, los gobiernos no pueden esperar; es preciso actuar urgentemente para crear las condiciones y los mecanismos necesarios para proveer soluciones.
FAO está sobre el terreno brindando apoyo a los productores que necesitan soporte y protección en las zonas afectadas por el conflicto, pero también alerta sobre las consecuencias de las subidas de los precios y los riesgos inminentes que corren los países que dependen de las importaciones de alimentos.
No nos podemos permitir que el número de personas que padecen hambre en el mundo siga aumentando. Debemos intensificar nuestros esfuerzos, de manera coordinada y eficiente, para ofrecer soluciones reales en zonas de crisis. Este Fondo, sería la iniciativa correcta en el momento adecuado, teniendo además por objeto incrementar la producción y la productividad agrícolas mundiales de manera sostenible a largo plazo en los mismos países.
