En días pasados, Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, anunció entre sus compromisos que presentará una iniciativa de reforma para “garantizar la obligatoriedad de la seguridad social para las y los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas”. Que se incluya esta iniciativa dentro de las prioridades del gobierno parece sumamente importante y un triunfo en cuanto a la colocación de la problemática como un asunto que requiere regulación de forma urgente.
Al respecto, como era de esperarse, las empresas de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi han respondido que cooperarán, pero se muestran preocupadas porque “requieren conocer previamente la iniciativa”, y piden que se “conserve la flexibilidad y la libertad” de los repartidores.
Particularmente, les preocupa el tema de cómo se determine jurídicamente la relación de la empresa con los repartidores (y otros trabajadores): “Lamentablemente este modelo no está pensado para tener empleados”, ha mencionado Uber México.
Muy extraño: una empresa que “no ha pensado en tener empleados”, siendo que subsiste a partir de los millones de horas de trabajo de personas repartidoras, choferes, y demás.
Al respecto, la UNTA (Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación) ha mencionado que aplaude la iniciativa de Sheinbaum, pero insta a que se reconozca plenamente la relación laboral de los trabajadores de las empresas (recuerden leer el Manifiesto de piso mínimo de las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales). Al parecer, es éste el dilema que determinará la posición de ambas partes (empresas y trabajadores) respecto a la reforma aún no presentada.
Claramente, el reconocimiento legal de la relación laboral subordinada, que ha sido identificado de esta forma en múltiples investigaciones a nivel mundial, sería la piedra angular de una reforma laboral positiva para los trabajadores de apps y de una distribución más justa de las ganancias generadas en este mercado.
Como antecedente, apenas en 2021, durante el sexenio de López Obrador, el IMSS habría habilitado la posibilidad de que los trabajadores de apps pudieran “incorporarse voluntariamente” a la seguridad social, bajo una forma que más bien los trataba como auto-empleados y que les solicitaba cubrir las cuotas correspondientes al patrón como al trabajador (aportando hasta 20% de su ingreso mensual). Seguía sin reconocerse la relación laboral entre empresas y trabajadores.
No es menor la magnitud del debate en 2024 y sus implicaciones. El IMSS estima que hay al menos 500 mil trabajadores de aplicaciones, aunque la firma Buendía & Martínez estimó 2.5 millones en un estudio realizado para las empresas, según El Economista.
Como hemos investigado desde hace años en el INDESIG, las condiciones laborales de los repartidores son preocupantes por muchas razones. Uno de cada cuatro repartidores, por ejemplo, trabaja más de 60 horas a la semana (considerado legalmente como “excesivo”). El ingreso promedio de los repartidores de apps era de un dólar por hora hasta hace algunos años. Además, seis de cada diez repartidores habían sufrido un percance vial, y en el 92% de los casos no había recibido ningún tipo de apoyo por parte de la app. Estas precariedades son comunes en otras modalidades de trabajo en aplicaciones.
No olvidemos que este trabajo precarizado genera ganancias multimillonarias para las empresas de plataformas internacionales. Simplemente, Uber en México presumía un valor de más de 70 mil millones de pesos hace algunos meses. Pero, eso sí, dicen que “no pueden tener trabajadores”. Realmente no es tan novedoso: Trabajo explotado que genera riqueza acaparada por unos cuantos.
Hay muchas preguntas en el aire respecto a la iniciativa de reforma de Sheinbaum. Si tendrán seguridad social, ¿quién contribuiría con las cuotas? ¿La modalidad de inclusión incluirá acceso a cotizar en INFONAVIT, a una AFORE, a incapacidad por accidentes o enfermedades? ¿Los trabajadores serán reconocidos plenamente y no sólo como “socios”? ¿Tendrán acceso a reparto de utilidades? ¿Mantendrán flexibilidad en horarios?
No olvidemos que la raíz más profunda de la desigualdad en México está en la distribución primaria de las ganancias, que es la forma académica de llamarle a la repartición que hay de entre la clase empresarial y la clase trabajadora, de los ingresos generados por la actividad económica. Reformas laborales acertadas en el presente, podrán ir reduciendo poco a poco en el futuro la desigualdad extrema en el país.
