El invento más importante durante el Siglo XX en temas fiscales fue el impuesto progresivo sobre el ingreso, señala Thomas Piketty. Esto porque la idea principal de estos impuestos es que contribuya más quien más tenga. De ahí que sea tan importante el documento “Propuestas de Reforma al Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas”, escrito por Ana Morales e Iván Benumea, y que lanzó la semana pasada la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF), donde se proponen cambios que puedan mejorar el carácter progresivo de éste impuesto.
Recaudar sobre el ingreso de las personas, pero sobre todo recaudar más aún sobre quienes tienen ingresos mucho más altos, fue algo común en países capitalistas y occidentales desde hace un siglo. Imaginen que, en el periodo posterior a la segunda guerra mundial, la tasa superior del impuesto al ingreso en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania era de 90% o más.
Esto significa que, llegado determinado nivel de ingresos, considerado social y políticamente como muy alto, el consenso era que la utilidad social de dicho ingreso era mayor para el Estado que para algún multimillonario, y por eso cualquier monto extra de ingreso recibido pagaría una alta tasa de impuestos, casi confiscatoria.
Lo anterior es algo que incluso sugiere Ingrid Robeyns en su libro “Limitarianismo”: no hay justificación moral, social ni utilitaria para pensar que no debería existir un límite superior a la riqueza o, dicho de otra forma, para justificar la acumulación infinita de la riqueza.
A pesar de lo anterior, durante las décadas del neoliberalismo hubo una “carrera al vacío” entre la mayoría de los países, bajando las tasas superiores en sus respectivos impuestos al ingreso. En Estados Unidos, por ejemplo, pasó de 70% en 1980 a 31% en 1992, y en México pasó de 55% en 1988 a 28% en 2007. Esto ha cambiado recientemente, y ahora hay iniciativas de gobernanza global, como la Convención Fiscal en la ONU, que buscan promover que los países cobren tasas más altas de impuestos a los ingresos de forma generalizada, evitando así la formación de “paraísos fiscales”.
México no es ajeno a dicho debate sobre fiscalidad e igualdad. Recordemos, como contexto, que el país recauda en impuestos sólo 17% del PIB, nivel tan bajo (incluso debajo de lo que recauda Honduras, Nicaragua y El Salvador) que, aunque de un día a otro se acabara la corrupción y se gastara todo de la forma más eficiente, seguiría siendo insuficiente para garantizar derechos y una sociedad igualitaria. Es decir, es un mito que no necesitemos más impuestos, y que el verdadero problema es la corrupción. Lo que sí es una realidad, es que los más ricos en México pagan tasas de impuestos más bajas que en otros países con mayor desarrollo.
Respecto al ISR en específico, el documento de la AJF señala tres problemáticas básicas: que las tasas de ISR para personas físicas no son lo suficientemente progresivas, que existen privilegios fiscales para unos cuantos, y que los ingresos derivados del capital tienen tratamientos preferenciales que no tienen, por ejemplo, los ingresos derivados del trabajo.
El tema de las tasas progresivas me parece de los más importantes. Mientras que actualmente en promedio en la OCDE la tasa marginal máxima para este tipo de impuestos es de 42.5% (siendo que, como ya se señaló, llegó a ser superior al 90% en algunos países luego de la segunda guerra mundial), la de México es apenas de 35%.
Además, en nuestro país legalmente le toca la misma tasa a alguien que gana 375 mil pesos mensuales y a los multimillonarios de la lista de Forbes, que ganan muchísimos más. Sin contar que estos últimos tienen una mayor capacidad para reducir la tasa efectivamente pagada (que en promedio en México no llegaba ni al 20%). De hecho, en México las personas creen, en promedio, que los multimillonarios deberían pagar hasta un 45% de sus ingresos en impuestos.
De ahí que la propuesta de reforma al ISR del documento de la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) sea agregar tres tramos superiores más en el cálculo del impuesto, que afectarían sólo al 1% más rico de la población, y que llegarían a una tasa máxima de 42.5%. Sigue siendo lejana a las tasas cobradas en los años de bonanza del Siglo XX, pero al menos estaría al nivel del promedio actual de la OCDE. Es decir, es imposible argumentar con sentido en contra de esta propuesta, siendo el relativo consenso en los países más ricos.
El resto de las propuestas del documento de la AJF busca atender el tema de los privilegios fiscales y del tratamiento preferencial a los ingresos por capital. En suma, dichas propuestas podrían aumentar la recaudación en 2.5% del PIB, cobrando solamente impuestos de los más ricos, sin afectar al resto de la población.
Ya imaginé a muchas personas no multimillonarias, argumentando en contra de la reforma que no les afectaría, “porque primero hay que arreglar el problema de la informalidad en México”. Curiosamente, son tan bajos los ingresos que ganan la gran mayoría de quienes no pagan ISR por alguna actividad económica identificada como del “sector informal”, que aun cuando todos pagaran impuestos, la recaudación apenas aumentaría 1% del PIB.
Como se ve, el debate central para salir de la baja recaudación en México es más bien el de los impuestos que pagan los más ricos, y no el de la informalidad, el de la corrupción ni el de que “los pobres no pagan impuestos” (como trato en uno de los capítulos del libro “Pobres Porque Quieren”).
Será importante que la generalidad de la población apoye estas propuestas, y salga de la trampa puesta por los mitos de la desigualdad, donde frecuentemente quienes defienden a los multimillonarios contra propuestas de cobrarles más impuestos son personas que jamás serán ricas ni se verían afectadas por estas reformas. “No olvidemos que el mayor triunfo de la élite es hacer pasar sus intereses por los del bien común”, como digo en el libro mencionado.
