La medición de la pobreza es un tema académico y técnico, pero también una arena política. Los gobiernos tienen incentivos para citar las mediciones que más les convenga, para así “reflejar mejores resultados”. Algo así pasó en otros sexenios, y se repitió en el 6to informe de gobierno de AMLO.
La semana pasada tuvo lugar el XXII Seminario Nacional de Política Social de la REMIPSO, esta vez con sede en El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana) donde más de 40 investigadores presentaron sus análisis sobre los avances y retrocesos de la política social, así como impactos en desigualdad y pobreza, y otros temas relacionados. Al estar ahí, recordé que mi primera presentación individual en el Seminario fue en su edición de 2017, haciendo una crítica al intento de reducir “artificialmente” la pobreza durante la última parte del sexenio de Peña Nieto.
Básicamente, la crítica era que diversos cambios en 2016 en la encuesta que levanta el INEGI (la ENIGH) y que sirve como fuente de datos para la medición oficial de la pobreza que realiza el CONEVAL, habrían afectado la estricta comparabilidad de la serie que venía desde el año 2008. Mucho se escribió y se debatió sobre qué tan adecuada o no fue la solución propuesta por los organismos, y aún hoy en día puede que no haya completamente un consenso.
De hecho, apenas un año antes de ese suceso, destacaba una narrativa promovida por el gobierno federal, y principalmente por José Antonio Meade, secretario de desarrollo social en el momento, que buscó colocar la idea de que había “menos personas en situación de pobreza” en el país, y que era más alta la cifra de personas que habrían dejado la pobreza durante el sexenio. El intento se basaba básicamente en citar mediciones distintas a la medición multidimensional oficial de la pobreza del CONEVAL, como las del Banco Mundial, que es una medición basada sólo en el ingreso y con umbrales mucho más bajos: “Habría 12.5 millones de pobres”, decía el ex-secretario en entrevista.
La medición de la pobreza es un tema académico y técnico, pero también una arena política. Para los gobiernos, disminuir el índice de pobreza es un importante indicador de su buen desempeño y de sus resultados. De ahí que el debate técnico sobre su metodología se ve confrontado con intereses políticos, que pueden buscar incidir en los resultados. Justo esa era la crítica al intento durante el sexenio pasado de disminuir “artificialmente” la pobreza.
Tal reflexión regresó a mi mente cuando, durante su 6to Informe de Gobierno el pasado primero de septiembre, López Obrador citó cifras de la disminución de la pobreza durante su sexenio con base en la metodología del Banco Mundial (“la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en cinco años, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza”, dijo) luego de haber mencionado con menos precisión los resultados del CONEVAL (sin decir el total de población en pobreza, por ejemplo). Como en el sexenio de Peña Nieto, dichas cifras fueron citadas en las portadas de periódicos de forma acrítica y también en columnas de especialistas.
Me parece innegable que ha mejorado el ingreso y el acceso a varios derechos sociales para una gran parte de la población. De hecho, de acuerdo con la medición oficial de la pobreza de CONEVAL, la pobreza moderada habría disminuido en 5 puntos porcentuales, resultado asociado más con los aumentos en el salario mínimo, que con los cambios en los programas sociales (algo que he debatido ampliamente en otros espacios).
Pero también es cierto que, según CONEVAL, la pobreza extrema no ha disminuido y se ha mantenido prácticamente estable: 8.7 millones de personas en 2018, que pasó a 10.8 millones en 2020 y 9.1 millones en 2022. Este dato, que debería ser relevante para reevaluar los cambios en la política social para el siguiente sexenio, claramente no fueron reconocidos en dicho discurso oficial, y parece ausente en los medios de comunicación o reflexiones ya citadas.
Como se ve, en la narrativa pública sobre la medición de pobreza hay intereses políticos muy importantes. En mis críticas de 2017 a la estrategia para disminuir artificialmente la pobreza, mencionaba esto que diversos académicos han evidenciado en espacios como la REMIPSO (como Julio Boltvinik, entre otros), sobre cómo los gobiernos apuntan su política social a las dimensiones que más fácilmente eleven por encima del umbral de pobreza los distintos indicadores que componen la medición de CONEVAL. El ejemplo más clásico es el “programa piso firme” durante el sexenio de Calderón, que con simplemente poner piso de concreto en los hogares los sacaba por encima de la carencia en la dimensión de “calidad y espacios de vivienda”.
En ese sentido, algún gobierno podría planear que es más fácil “sacar de la pobreza” a un hogar en pobreza moderada, cuyos ingresos están apenas por debajo del umbral (conocido como “línea de pobreza”), mientras que sería más costoso y complicado lograrlo con una estrategia que priorice a los hogares más pobres del país. Sería “más barato”, y mientras la “cifra de pobreza haya bajado”, el objetivo político sería alcanzado; aunque dejar atrás a los más desaventajados tal vez no sea lo más ético. Quiero creer que no fue eso lo que pasó durante este sexenio, pero la realidad es que mientras que la pobreza moderada bajó de forma importante, no sucedió lo mismo con la pobreza extrema.
Es por todo lo anterior que preocupa la muy probable desaparición del CONEVAL (propuesta que va dentro del paquete de desaparición de otros organismos constitucionales autónomos), porque su existencia (y su medición de pobreza oficial), aunque pudiera ameritar múltiples críticas, daba algo de autonomía, certeza y legitimidad a las cifras sobre la dinámica de la pobreza en el país. Su forma de gobernanza tenía ventajas, comenzando porque no era la misma institución la que levantaba los datos (INEGI) que la que medía la pobreza (CONEVAL).
En el futuro, seguiremos viendo la lucha de narrativas a partir de distintas mediciones de pobreza, con gobiernos dando prioridad a las que más le convenga, como sucedió en otros sexenios. Y aunque ahora tenemos, a mi parecer, más argumentos y evidencia con los cuáles defender la “verdadera” disminución de la pobreza, tendrán que ser cautos en la tentación de utilizar otras mediciones sólo porque les acomoden más, y críticos en los focos rojos que la medición oficial muestra, como la inmovilidad de la pobreza extrema.