Hace unos días, el aún gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó una propuesta al Congreso local para plantear modificaciones al llamado Pacto Fiscal en México, es decir, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Su argumento, que ha sostenido durante todo el sexenio que está por concluir, es que el estado de Jalisco “se ve afectado por el pacto fiscal” y que recibe un “trato injusto” y “contrario a fomentar el desarrollo”. Para sustentarlo, Alfaro ha mencionado públicamente que “Jalisco aporta más a la federación de lo que recibe de regreso”.
Pero la realidad de los datos desmiente el argumento del gobernador jalisciense: el estado aporta 2.9% de la recaudación federal participable, y recibe poco más de 5% del gasto federal participable. De hecho, sólo Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Colima presentan un saldo negativo desde este punto de vista.
Como réplica a esta respuesta, desde el gobierno del estado se han mencionado argumentos basados en el porcentaje del PIB o de trabajadores registrados en el IMSS que aporta el estado. Ambos son falaces, puesto que la recaudación federal participable no es el resultado de las aportaciones a la seguridad social ni es un espejo de la actividad económica como un todo (PIB).
Además, parece que el gobernador de Jalisco, y quienes apoyan su argumentación contra el Pacto Fiscal, olvidan uno de los puntos centrales de este sistema: la solidaridad entre entidades federativas para lograr un desarrollo conjunto. Cómo país, nos conviene reducir las brechas regionales de desigualdad (más allá del derecho mismo de las regiones más desaventajadas de disminuir sus niveles de empobrecimiento). En ese sentido, Jalisco se beneficia de la solidaridad de otros estados.
El argumento contra la solidaridad en el Pacto Fiscal es tan egoísta, como lo sería si los municipios de Zapopan o Guadalajara no quisieran aportar de forma conjunta al desarrollo de los municipios más pobres de Jalisco. Y el gobierno de Jalisco no aceptaría eso entre sus municipios. Dicha posición también olvida al colonialismo interno: la riqueza de unos estados (y de las zonas urbanas) depende, en gran medida, de la pobreza de otros (y de las comunidades rurales).
Pero la crítica del gobierno de Jalisco contra el Pacto Fiscal no sólo es egoísta y errónea (ya que el estado se beneficia en realidad del Pacto), también es un encubrimiento a su populismo fiscal y su irresponsabilidad frente a la justicia fiscal.
El gobernador declaró que el Pacto Fiscal actual “le quita a los estados sus facultades en materia fiscal”; declaración que me hace preguntarme si en realidad desde su actual puesto desconoce las facultades que tiene el estado de Jalisco en recaudación local, varias de las cuáles ha decidido ignorar durante seis años, probablemente desde una perspectiva de populismo fiscal.
Tal vez esa sea la razón por la cual Jalisco se ubica en el lugar 16 de los 32 estados en términos de recaudación estatal per cápita, sólo recaudando poco más de mil pesos por persona en promedio de forma anual.
No olvidemos que, en términos de justicia fiscal, los impuestos locales pueden ser sumamente progresivos, ya que gravan la propiedad. O tal vez por eso no los quiere fomentar el gobierno de Jalisco: porque no quiere afectar los intereses de los más ricos en el estado.
Y es que, por ejemplo, Jalisco es uno de los siete estados que hasta hace poco renunciaban a recaudar la tenencia en su territorio. El impuesto a la tenencia vehicular es un impuesto que grava la propiedad de automotores, lo cual implica que es progresivo, pues grava más a quienes más vehículos tienen o quienes tienen vehículos más caros (y más contaminantes).
Por recaudación de tenencia, el gobierno de Jalisco podría obtener hasta 4,600 millones de pesos, lo que equivale a 43% de sus ingresos propios. Ante esa posibilidad, ¿Cuál es la justificación para no aumentar los ingresos propios del estado? Por cierto, ninguna candidatura al gobierno del estado incluyó esta propuesta, ni las que se autonombran de izquierda.
De hecho, la tenencia es un impuesto que era federal hasta el sexenio de Calderón. Si se lograra la propuesta de Alfaro de hacer estatales ciertos impuestos que hoy son federales ¿Acaso haría lo mismo? ¿También lo dejaría de recaudar sólo para beneficiar a los más ricos del Estado? ¿Cómo nos beneficia eso al pueblo de Jalisco?
Sin duda podemos criticar muchas prácticas centralistas de México. Pero el Pacto Fiscal en realidad beneficia a Jalisco. Sus gobiernos estatales deberían dejar de trasladar a la federación la culpa de sus irresponsabilidades fiscales. Y, de favor, que dejen de beneficiar a sus cuates subsidiando impuestos potencialmente progresivos, y busquen una verdadera justicia fiscal en el estado.
