Como se ha visto en las últimas décadas, la estrategia de contención y disuasión de los flujos migratorios irregulares en el mundo no ha sido efectiva para detener la migración forzada. El Plan de Desarrollo Integral (PDI) promovido por México, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el que participan como socios iguales Guatemala, Honduras y El Salvador y que a la fecha ha recibido apoyo de la comunidad internacional por ser un proyecto innovador, busca atender las causas estructurales que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
Este esfuerzo de cooperación que está haciendo México si bien no es nuevo, sí es innovador. México ha sido tradicionalmente un país solidario con los países de la región y cuenta con una larga historia en materia de cooperación internacional. En la era moderna, el primer acto de solidaridad del Estado mexicano fue el envío de asistencia humanitaria para socorrer a las víctimas de un huracán que devastó el puerto de Galveston, Texas, en noviembre del año 1900. A partir de entonces, México ha estructurado sus esfuerzos para brindar cooperación internacional y elevar esta noble tradición a uno de los principios de política exterior, consagrado en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La cooperación mexicana abarca una diversidad de temas que nos posicionan como un referente mundial para hacer frente a los retos globales que impactan el orbe. El apoyo ofrecido por México ha destacado por su rápida respuesta ante el embate de fenómenos naturales, como los terremotos en Haití, 2010, y Japón, 2011; o en ámbitos como el fomento a la educación en América Latina a través de las “Escuelas México” y el CREFAL, o mediante la ejecución de proyectos de cooperación triangular sur-sur con otros países y organismos internacionales.
Una de las principales herramientas para la instrumentación de nuestra cooperación internacional es el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe o Fondo México (antes llamado Fondo Yucatán). Este instrumento fue establecido en diciembre de 2011, a partir del Acuerdo de San José de 1980, y ha sido utilizado para financiar proyectos de infraestructura en Mesoamérica y el Caribe, tales como la carretera Villa San Antonio-Goascorán en Honduras o la reconstrucción del Hospital St. Jude en Santa Lucía.
El contexto actual requiere una mayor inversión en proyectos sociales que contribuyan al combate de la desigualdad en los países que forman parte del PDI. Es por ello que el pasado 21 de junio se actualizaron las reglas de operación del Fondo México para aprovechar sus recursos en proyectos sociales dirigidos a Mesoamérica y el Caribe. Cabe señalar que el Fondo cuenta con alrededor de 84.5 millones de dólares que habían estado disponibles desde hace varios años para ser invertidos exclusivamente en proyectos de infraestructura en Centroamérica y el Caribe, y que ahora podrán ser utilizados para apoyar a Honduras y El Salvador (30 mdd a cada uno) para instrumentar los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
La coyuntura migratoria también ha obligado a hacer una revisión de capacidades para enfrentar el fenómeno en el tránsito por nuestro territorio. Como resultado de esta evaluación, se decidió canalizar recursos del Fondo México para fortalecer la atención que se brinda en las estaciones migratorias y albergues, con el fin de ofrecer un trato digno a las personas migrantes en nuestro país.
Invertir en el desarrollo del sur-sureste de México, El Salvador, Guatemala y Honduras implica un menor gasto del que ahora se destina a las medidas de contención implementadas en la región. Por ejemplo, desde 2003 a la fecha, Estados Unidos ha invertido aproximadamente 324 mil millones de dólares en sus agencias migratorias y fronterizas. Si tan solo se invirtiera el 10 por ciento de esa cifra en Centroamérica, en proyectos de desarrollo, la realidad de la región sería muy distinta.
México tiene una responsabilidad frente a los retos regionales. La inversión en el desarrollo de la región no es solamente un acto de solidaridad, sino también de responsabilidad. La atención de las causas estructurales de la migración es un proyecto estratégico de nuestra política exterior.
Subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE
