Tras el condenable asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, el Presidente ha decidido encarar al clero mexicano, probablemente con el objetivo de movilizar la defensa de su política de seguridad, resumida en el ya famoso “abrazos, no balazos”. El enfrentamiento parece claro: la Presidencia de la República señala el supuesto silencio de los sacerdotes frente a la inseguridad del pasado, y la jerarquía católica, en voz del Secretario General del Episcopado Mexicano, responde al mandatario que su estrategia de seguridad es demagógica. En las redes, la frase del Padre Javier Ávila se viraliza: “los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”.
¿Cómo afecta esta confrontación a las relaciones entre México y la Santa Sede? La respuesta se encuentra en el magnífico trabajo académico de Elizabeth Delgado Grovas, quien ofrece en su tesis de licenciatura una idea simple, pero poderosa: la relación entre Roma y el gobierno mexicano no es bilateral, sino trilateral. Es decir, que la interacción no se da de gobierno a gobierno, sino que es necesario incluir, como tercer actor, a la jerarquía local.
Esta interacción trilateral, cuando entra en un escenario conflictivo, configura un equilibrio de dos contra uno: en ocasiones, el Vaticano se inclina en favor de la jerarquía y otras, en favor del gobierno. En 1986, obispos de Chihuahua solicitaron anular y repetir la elección para gobernador, envuelta por manifestaciones masivas frente a las irregularidades reportadas. Además, se planteó el cierre de los templos en la entidad como protesta.
La Curia romana advirtió sobre la ilegalidad canónica de dicha medida, alegando la imposibilidad de suspender el culto. Luego de un contacto entre el delegado apostólico y el secretario de Gobernación, la Santa Sede ordenó a los clérigos chihuahuenses la reapertura de los templos. En este caso, la relación dos contra uno se configuró en la mancuerna Gobierno-Roma v. jerarquía local.
Por otra parte, cuando se promulgó la llamada Ley Calles en 1926, el delegado apostólico George Caruana, antes de ser expulsado del país, ayudó a los obispos a organizarse frente al gobierno; además, el Secretario de Estado de la Sede Apostólica pidió a la jerarquía resistir la aplicación de la ley y mantenerse en unidad. Así, podríamos hablar en este caso como una mancuerna Gobierno v. Roma-jerarquía local.
El porvenir de la relación entre la actual administración y la Sede Apostólica dependerá entonces de dónde colocará Roma sus intereses: si en el respaldo contundente a las protestas de sacerdotes y obispos o en una especie de matiz, como rechazar genéricamente la violencia, que quite presiones al gobierno.
Desde mi punto de vista, la Santa Sede valoraría dos factores para definir su posición: el todavía gran poder político del presidente y su partido -que puede volcarse contra la Iglesia- y el creciente contexto de violencia para el ejercicio del sacerdocio. Las elecciones de 2023 y 2024 serán la vara para medir el dominio legislativo y territorial de Morena en el futuro. Si en el horizonte se atisba un partido político en control de la Presidencia, el congreso y la mayoría de los gobiernos locales, entonces la barca de Pedro viraría hacia el apaciguamiento de la jerarquía, para evitar justamente que dicho poder se vuelque contra la Iglesia misma. Por ello, los sacerdotes mexicanos deben prepararse para un acompañamiento relativamente gris por parte del obispado de Roma.
Internacionalista por El Colegio de México
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