En este texto analizamos los eventos ocurridos en varios estados del país a lo largo de los últimos días, desde la óptica del terrorismo. Dejamos el análisis más específico en materia de seguridad a las muchas personas expertas en el tema que ya lo están haciendo. Me enfoco en cambio, como lo he hecho a lo largo de estos años, en temas que hemos investigado y publicado, para intentar aportar en términos de cómo funciona el contagio de estrés colectivo, qué es lo que se busca al inducirlo, y qué implicaciones tiene ese tema para nuestra sociedad.
La cuestión de si incendiar tiendas de conveniencia, gasolineras o vehículos, causando muertes, personas heridas y un enorme pánico, se trata de actos terroristas , es una preocupación legítima. El gran problema al hablar de “terrorismo” es que se trata de un concepto enormemente cargado, que es constantemente utilizado de manera política al servicio de determinadas agendas. La palabra es empleada como si se tratara de designar una clase de “mucha” violencia, o un tipo “peor” de violencia que otras violencias. En México se ha llegado a decir que usar esa palabra es “escalar el lenguaje”. Existen fuertes motivos para pensar así. Uno de los más importantes tiene que ver con el enfoque que países como Estados Unidos o determinadas agencias de seguridad, pueden adoptar si reconocen que en México hay terrorismo, lo que podría acarrear implicaciones que van desde lo legal—por ejemplo, la aplicación de legislación antiterrorista extraterritorial—hasta lo político y lo militar. De modo que la preocupación es comprensible.
No obstante, hay un ángulo menos político para entenderlo pues el terrorismo es una categoría muy específica de violencia, y el otro riesgo es caer en el error de pensar que, debido al discurso de ciertos funcionarios, o al uso político que se da a la palabra “terrorismo”, el fenómeno en sí mismo no existe. Es decir, si bien es verdad que en México difícilmente podemos hablar de terrorismo clásico, hay una gran cantidad de ataques que se asemejan a esa clase de violencia en muchos sentidos.
Si pensamos en el terrorismo como el uso intencional y premeditado de la fuerza contra civiles o no-combatientes por parte de un actor subestatal, con el objeto de inducir un estado de terror en una sociedad o en partes de ella a fin de canalizar, a través de ese miedo colectivo, determinados mensajes o reivindicaciones para ejercer presión en ciertos actores políticos o en tomadores de decisiones, y a través de ello conseguir acercarse a sus metas; entonces podríamos detectar la presencia de algunos de esos elementos (aunque no todos) en ciertos ataques de los cometidos en México por parte de las organizaciones criminales, elementos que se encuentran presentes en distintos grados y combinaciones. Piense usted por ejemplo en la detonación de granadas en el zócalo de Morelia en una ceremonia del grito de la Independencia, el lanzamiento de un coche bomba a una estación de la policía, el lanzamiento de explosivos en las instalaciones de un acuario lleno de familias, o el incendio de un casino lleno de clientes a plena luz del día, solo por citar unos casos.
Esto puede ser rebatido a partir de uno de los factores más encontrados en las definiciones de terrorismo: su motivación eminentemente política (ideológica y/o religiosa). Sin embargo, es posible polemizar con ese criterio desde al menos dos ángulos diferentes.
Primero, aunque el terrorismo clásico es normalmente entendido como una violencia políticamente motivada, esta conceptualización ha evolucionado con el tiempo . Varios autores han extendido sus definiciones para incluir motivaciones económicas. La base de datos más empleada para medir al terrorismo a nivel global (START, Universidad de Maryland) y el Instituto para la Economía y la Paz que publica el Índice Global de Terrorismo, están entre quienes han extendido los criterios tradicionales para incluir motivaciones como las económicas.
Segundo, incluso si no fuese así, es difícil sostener que lo único que mueve a determinadas organizaciones criminales en México sea el dinero. Hay momentos en donde la frontera entre lo económico y lo político parece desdibujarse y se aproxima mucho más a una verdadera disputa por el poder. En ocasiones la motivación de un acto tiene que ver más bien con elementos como la humillación, la venganza, o por supuesto, la dominación. Hay instancias en las que un grupo criminal asesina a periodistas, o ataca con granadas las instalaciones de un medio de comunicación con el objeto de que la información se ajuste a lo que el grupo criminal desea que se informe. A veces se exige callar, a veces se exige emitir determinado discurso. En ocasiones se busca emplear la violencia contra ciudadanos para influir en elecciones, en la toma de decisiones, o bien, simplemente se cometen ataques con el fin de que los actores políticos no piensen siquiera en disputar a determinada organización el control de su zona.
Considere usted este ejemplo. Un video en YouTube. Un grupo de individuos de apariencia enorme y fornida, vestidos con uniforme militar y portando, todos, armas tipo AK47, rodean a una persona, un civil, un funcionario de cierto gobierno estatal. Se trata de un interrogatorio filmado, en donde al individuo se le obliga a reconocer que trabaja para una banda criminal opuesta a la que está llevando a cabo el interrogatorio. Acto seguido, el civil es asesinado frente a las cámaras. El video de YouTube contaba cuando este autor lo vio, con millones de visitas, lo que significa que el acto ha sido atestiguado, como era el propósito de los perpetradores, por amplísimas audiencias, las cuales rebasan, obviamente, a la banda criminal enemiga o a las autoridades del gobierno estatal. Una cosa es entonces la comisión de la violencia (el asesinato), y otra cosa es filmar el acto y luego, subirlo a YouTube.
Eso nos lleva a un elemento clave: En un acto terrorista clásico, el blanco real del ataque no son las lamentables víctimas directas, sino los terceros que atestiguan el hecho pues el propósito no es matar, sino intimidar a una sociedad completa. Las víctimas directas son solo instrumentos en la consecución de ese fin. Podríamos entonces preguntarnos quién o quiénes son los blancos reales de un hecho de violencia como el que se acaba de describir. Sin duda, en ese caso específico, hay un mensaje para la organización criminal enemiga de quienes perpetran el acto. También hay un mensaje para ciertas autoridades acerca de quién tiene realmente el control y el poder. Pero el mensaje no termina ahí. En ese acto hay, también, un mensaje de poder cuyo destinatario es la sociedad toda, los millones de personas que tienen acceso a ese video y que, como consecuencia directa, se encuentran sujetos a efectos psicosociales de elevada magnitud.
¿Es ese hecho un acto de terrorismo? Mi conclusión, a lo largo de los años, ha sido que simplemente llamar a esos hechos “terrorismo” o “narcoterrorismo” conlleva importantes dificultades porque sus características no se ajustan del todo a lo que tradicionalmente se entiende por ese término. Sin embargo, debido a la presencia de un considerable número de elementos que sí nos remiten a esa clase de violencia, mi alternativa ha sido denominar a estos hechos como actos de “cuasi-terrorismo”. Brian Phillips, experto en terrorismo, exprofesor del CIDE, ha preferido llamar a este tipo de hechos, “tácticas terroristas” empleadas por organizaciones criminales.
Sea como fuere, cuando una tienda de conveniencia, una gasolinera, un vehículo o un establecimiento son incendiados, o se usan esos vehículos para bloquear avenidas o accesos, estamos ante una situación que requiere ser revisada desde este ángulo:
1. Se trata de actos violentos cometidos contra blancos directos, pero cuyo blanco real es otro. El vehículo o establecimiento a incendiar puede ser seleccionado al azar, o no, pero el propósito de hacerlo es inducir en terceros un estado de shock, de pánico o estrés colectivo, y canalizar a través de ese terror uno o varios mensajes que incluyen la idea de quién está realmente en control de determinada zona, o cuáles son las consecuencias de no someterse al grupo perpetrador a fin de ejercer presión psicológica en determinados actores. El fin último es alterar las actitudes, opiniones y conductas de la sociedad y miembros del gobierno, para ejercer presión sobre la toma de decisiones.
2. El blanco de esos mensajes puede ser otra banda criminal, puede ser la autoridad o sus fuerzas de seguridad, puede ser alguno o varios medios de comunicación, pueden ser ciertos sectores de una sociedad tales como las empresas u organizaciones distintas, puede ser la sociedad en su conjunto, o bien, puede ser una combinación de los blancos mencionados. Dejo este análisis a las personas expertas en los casos concretos de referencia.
3. Por último al margen de todo ello, hay una serie de efectos psicosociales en millones de personas , los cuales hemos venido estudiando desde 2011, que son ocasionados por estos actos premeditados, y/o son el resultado de otra serie de hechos de violencia en el país (o bien, de la combinación de ambas cosas). Como nuestra investigación lo demuestra, lamentablemente, estos efectos se reproducen y manifiestan de manera veloz, no únicamente en los sitios geográficos impactados por esta clase de violencia, sino en todo el país.
Esto nos lleva a un análisis que no va en una sola dirección. Está de un lado, la evaluación de las causas y motivaciones de la comisión de este tipo de violencia y la necesidad de detenerla. Pero está también el estudio y atención que requiere la propagación del estrés colectivo, sus múltiples efectos psicosociales y la necesidad de atender a esas otras víctimas afectadas por el trauma colectivo. En el libro que publicamos con el CIDE en 2019 (Miedo y construcción de paz en México), abordamos ese tema más a fondo.
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