Aunque ha dicho varias veces que él votará NO, la consulta promovida por el presidente López Obrador ya está en curso. Gracias a ella, tendrá una coartada para participar activamente en el proceso electoral siguiente (aunque la consulta se haga en agosto) animando el resentimiento acumulado contra los excesos y la corrupción de los gobiernos anteriores. Después, tomando en cuenta las altísimas probabilidades de que gane el SÍ, podrá arribar al plebiscito de revocación del mandato previsto para el año 2022, en medio del juicio político al pasado. Así pues, el guion previsto por el presidente está servido.
Las probabilidades de que gane el SÍ son altas, digo, pues la pregunta formulada por los ministros de la Corte es casi imposible de negar: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Tratando de cuadrarla en el marco constitucional, los ministros proclives al gobierno acabaron redactando una pregunta que se responde sola. ¿Quién diría que NO, además del presidente?
Dice el presidente que habrá que “descifrarla”. Pero cuesta trabajo imaginar quién se opondría a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, o a esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años anteriores. ¿Acaso habría una mayoría en contra de emprender una suerte de juicio de residencia, como los que se llevaban a cabo durante el periodo colonial, escuchando los agravios expresados a voz en cuello por el pueblo? No tengo duda de que la vuelta de esa vieja forma de control político acuñada por el reino de Castilla, seguramente contará con el respaldo popular.
La cuestión es qué sigue de eso. ¿Quién conducirá el nuevo juicio de residencia que acaba de aprobar la Corte y cómo se conciliará con el marco constitucional y legal vigente? Que yo sepa, esa forma de control político desapareció desde el nacimiento de México y desde entonces no se volvió a usar. De otra parte, ¿cómo procederá el “esclarecimiento de las decisiones tomadas”? Si no existe un procedimiento explícito para esos fines, ¿con qué base jurídica o quién se encargará de llevar a cabo ese proceso?
En la pregunta redactada por la Corte sobre las rodillas, se omitió la mención explícita a los expresidentes, en aras de evitar la vulneración de sus derechos; pero a cambio, se generalizó la consulta a todos los “actores políticos”. ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso el juicio de residencia reinstalado por los ministros incluirá a los presidentes de los partidos, a los legisladores, a los gobernadores, a los ayuntamientos, a los ministros anteriores? ¿O en quiénes pensaban los redactores de esa pregunta mientras escribían?
Y por último, ¿qué consecuencias tendrá el “proceso de esclarecimiento” para los actores políticos mentados y para las “posibles víctimas”? Que la Corte haya aceptado la consulta como cosa constitucional, haría pensar que esas consecuencias serán jurídicas. Si es así, ¿por qué no se han puesto en marcha ya? Y si sólo son políticas, ¿cuál será el desenlace de ese proceso inédito que la Corte le obsequió al presidente de la República, sin atraparlos a ellos en un berenjenal? Nadie lo sabe.
Investigador del CIDE
